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Contraloría analiza solo 5% de las declaraciones


Mercedes Agüero
maguero@nacion.com

De las 11.000 declaraciones juradas de bienes presentadas por funcionarios públicos el año anterior, la Contraloría solo revisó unas 550, lo que equivale al 5%.

La declaración jurada de bienes es un requisito previsto en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y debe presentarse anualmente o al iniciar y finalizar un cargo público.

Deben cumplir con esa exigencia los diputados, ministros, presidentes ejecutivos, gerentes y auditores, entre otros.

Antonio Martínez, del área declaraciones juradas del ente contralor, explicó que como no se revisa el cien por ciento, se escoge una muestra representativa.

Posteriormente, el trabajo consiste en verificar si lo que el declarante anotó en el formulario corresponde a la realidad.

Por ejemplo, si un funcionario juró que tiene un carro y dos fincas y en el Registro Nacional aparecen más bienes a su nombre, la Contraloría puede enviar el caso al Ministerio Público.

Actualmente, esa verificación se hace “a pie” pues la entidad aún no cuenta con un sistema integrado con otras instituciones para hacer esa corroboración en forma automática.

Según Martínez, ya se está coordinando con las entidades públicas que tienen bases de datos para crear una herramienta de consulta y aplicarla a partir de este año. Eso les permitiría analizar todas las declaraciones.

La Contraloría envió el año pasado tres casos a la Fiscalía de Delitos Económicos para investigación.

Se trata de funcionarios de mandos medios que no reportaron el usufructo que de hecho disfrutaban. Esto es cuando una persona se beneficia del patrimonio de su cónyuge u otro familiar y no lo advierte.

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