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Contraloría revisará ley contra corrupción Órgano contralor con limitación para revisar cuentas bancariasPodría reducirse número de servidores obligados a declarar bienes Mercedes Agüero R. maguero@nacion.com La Contraloría General de la República someterá a revisión la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública para luego impulsar posibles reformas. La legislación, promovida en 1998 por el entonces presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, pretende prevenir, detectar y sancionar la corrupción en la función pública. Aunque la normativa tiene solo dos años de vigencia, desde su aprobación recibió críticas y cuestionamientos. Para Manuel Martínez, gerente de Área de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría, si bien algunas dudas sobre la Ley se disiparon con el reglamento, hoy es necesario una revisión. Uno de los aspectos a evaluar es el impacto que ha tenido en el gasto público el pago de prohibición por dedicación exclusiva a funcionarios que anteriormente no tenían ese derecho. Martínez dijo que a la fecha no se ha determinado en cuánto subió el número de servidores beneficiados ni el costo para el Estado. El artículo 14 de la Ley define los cargos en cuyo ejercicio se prohíbe ejercer profesiones liberales. La lista incluye desde el Presidente de la República hasta los directores de de las áreas de proveeduría de todo el sector público. A cambio, estos funcionarios reciben una compensación económica igual al 65% de su salario base. Martínez explicó que inicialmente muchos funcionarios pretendían el pago de ese beneficio aunque no les tocaba, y otros pedían no ser incluidos. “Llegó un momento en que todos los jefes y subjefes de departamentos reclamaban el pago de la prohibición, cuando en realidad eso aplica solo para las proveedurías”, dijo. Recordó que si bien esta iniciativa nació en la Contraloría, la Asamblea Legislativa le hizo cambios sin el criterio del ente contralor. “La ley estuvo engavetada mucho tiempo pero cuando se empezaron a denunciar grandes casos de corrupción (en el 2004), la Asamblea tenía que dar una respuesta inmediata y el proyecto se aprobó tal y como estaba”, aseveró. Cuentas bancarias. Otra de las debilidades de la normativa es la imposibilidad que tiene la Contraloría para revisar la información financiera de servidores públicos. Pese a que los funcionarios están obligados a declarar sus bienes o entregar una autorización a la Contraloría para acceder a sus cuentas, esa norma está impugnada ante la Sala Constitucional. Antonio Martínez, del área de declaraciones juradas de la Contraloría, explicó que aún no han podido verificar datos sobre tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y fianzas, entre otros. Otro inconveniente, agregó, es que aún no existe un sistema para cruzar la información de las declaraciones juradas con la de entidades como el Registro Nacional, Registro Civil y la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto les impide verificar la información de todos los declarantes. Según dijo, la revisión a la Ley también pretende definir si se podría reducir el número de funcionarios obligados a declarar sus bienes. El año anterior lo hicieron 11.000 servidores. “Creemos que esa lista se puede depurar más”, afirmó.
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