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EDITORIALChávez, emperador La “ley habilitante”, ya en vigencia, consolida el proceso autoritarioPerdidos sus ropajes democráticos, la desnudez del régimen es evidente La historia política reciente de América Latina no registra ningún acto de claudicación democrática tan burdo, público y notorio como la aprobación unánime, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, de una mal llamada “ley habilitante”, mediante la cual cedió todos sus poderes relevantes a la voluntad, humores y caprichos de una sola persona: Hugo Chávez. Nada importan los artilugios dialécticos con que se pretenda justificar la medida, lo cierto es que, a partir de su aprobación, el pasado 31 de enero, y su proclamación un día después, el régimen ha dejado atrás sus tenues ropajes democráticos, ha adoptado con toda claridad un modelo autoritario, y el presidente Chávez ha pasado a convertirse en virtual emperador. No es que, con el ejercicio de sus funciones constitucionales por parte de la Asamblea, los venezolanos disfrutarán de un verdadero contrapeso legislativo ante los crecientes poderes y distorsionadas prácticas del Ejecutivo. Desde las elecciones de diciembre del 2005, cuando, por falta de garantías, la oposición decidió, con evidente desacierto, no concurrir a las urnas, ese cuerpo perdió su perfil de parlamento y adquirió el carácter de comparsa, destinada a ratificar, con aplausos y consignas, lo que le presentara el mandatario. Sin embargo, al menos las discusiones tenían un carácter público, y Chávez debía esforzarse por justificar ante los venezolanos cada una de sus medidas. A partir de ahora, ni siquiera habrá ese vestigio de parlamentarismo o transparencia. La “madre de todas las leyes” le cede al gobernante la posibilidad de legislar en los 11 ámbitos más importantes del Estado, entre ellos la organización institucional, la “participación” (léase movilización vertical) de los ciudadanos, las finanzas, la seguridad, la energía y la infraestructura. Y aunque existe un plazo en esa traslación de poderes, este es de 18 largos meses, al final de los cuales, precisamente por el ejercicio de sus funciones imperiales, Chávez podrá decidir no solo mantener, sino ampliar aún más los privilegios que se le han entregado. Su reelección por más del 60% de los votos, a principios de diciembre del pasado año, no puede servir de justificación alguna para su coronación imperial. Porque lo que se ha hecho ahora, con la “habilitación”, es aplastar el débil entramado institucional dentro del cual había sido reelegido y del cual emanaba su legitimidad. Todo esto ocurre en un contexto inquietante. Es sabido que, de forma creciente, Chávez ha eliminado la autonomía del Poder Judicial. Las organizaciones independientes son cada vez más asediadas. Los municipios o estados aún gobernados por la oposición han perdido competencias por la intervención del poder central. Los ingresos petroleros se manejan al margen de cualquier control, como si llegaran a una caja chica discrecional. Las compras de armas no solo pueden desatar una carrera bélica en la región, también muestran una voluntad de militarismo interno. En pocas semanas, Radio Caracas Televisión, la más antigua e independiente difusora del país, perderá su licencia; se prepara, además, una “ley de prensa” claramente restrictiva. Y las nacionalizaciones de una serie de empresas calificadas de “estratégicas” acrecentarán aún más el control estatal de la economía, con graves consecuencias para el desarrollo e, indirectamente, las libertades públicas. Frente a esta escalada, lo menos que puede hacer la comunidad internacional, especialmente latinoamericana y, sobre todo, el Mercosur, es ubicar, sin ambigüedades, el régimen de Hugo Chávez en la categoría a la que pertenece: la del autoritarismo a punto de adoptar la dictadura. De lo contrario, serán cómplices de un retroceso con gravísimas consecuencias para todo el hemisferio, pero, especialmente, para los venezolanos. La patria de Bolívar merece algo mejor.
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