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Foto Principal: 905828
/LA NACIÓN

En Vela


Julio Rodríguez
envela@nacion.com


El ministro de Educación, Leonardo Garnier, va, sin duda, por buen camino: la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) –y lo mismo vale que fuera la ANDE– ha pedido su renuncia. Muy buena señal. Ha tocado en carne viva los problemas capitales de la educación y está determinado a resolverlos. Los dirigentes sindicales, refractarios a toda reforma, que perturbe la holganza de su statu quo, resienten los nuevos aires y los despejados horizontes.

Hay dos tipos de polarización en nuestro país: la engendrada en la pobreza (el 20% de la población) y los otros (hasta llegar a la cúspide), y la que enfrenta a un grupo minoritario, opuesto a la transformación del país, y a otro, mayoritario, con arrestos y visión para aceptar los desafíos de la realidad nacional e internacional, y dar un paso adelante. El primero, anclado en la cultura del NO, antepone el verbalismo a las soluciones. El segundo ha escogido la única vía posible para poner a nuestro país al día en el azaroso y atribulado mundo actual: las soluciones, a sabiendas de que contra nosotros conspira el tiempo, el tiempo que hemos despilfarrado a manos llenas, del que toda persona y sociedad han de dar cuenta terrible a Dios, a la vida y a la historia.

En la lista de los que llevan los ojos en la nuca están los dirigentes sindicales de siempre. La petición de la renuncia del titular de Educación exhibe, por enésima vez, su mentalidad. El argumento no puede ser peor: “el escándalo en los nombramientos interinos”, un tumor en el sistema educativo que data de décadas y que, gracias a la reacción ministerial, ante los manoseos del exviceministro Lino Rodríguez, destituido, puso al descubierto el arraigo y extensión del mal.

La investigación y destitución de dicho funcionario plantea una cuestión clave en la función pública. Ningún Gobierno puede garantizar el fin de la corrupción por cuanto, originada esta en la libertad del ser humano, en su opción por el bien o por el mal, nadie, ni siquiera Dios, la contraría. En ese fuero uno se salva o se condena. Un Gobierno, eso sí, debe combatir la corrupción por el ejemplo, por la verificación de los hechos, por la aplicación del derecho. Su teatro de guerra se llama impunidad, la gran aliada de los corruptos. El compromiso del funcionario contra la impunidad debe ser radical.

Al sindicato del INS le incomoda Guillermo Constenla; a las mafias, Mario Zamora, en Migración; a la mediocridad y al clientelismo escolar, Leonardo Garnier; a ciertos personajes, la Fiscalía General y el OIJ, y a muchos, el periodismo profesional, atado aún por leyes oscurantistas… El contraataque es parte del oficio y buena señal.

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