Un soldado nicaragüense con un misil Sam-7, de fabricación soviética
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MANAGUA (AFP) -
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo sonar las alarmas del rearme en Centroamérica al negarse a destruir los misiles Sam-7, como se lo exige Estados Unidos, amparándose en la fortaleza militar de sus vecinos como Honduras o Costa Rica.
El presidente nicaragüense justificó su negativa a destruir los misiles al alegar que Honduras compra aviones de guerra a Estados Unidos y su aviación "es de carácter ofensivo", mientras que Costa Rica posee "una fuerza muy poderosa, que le llaman Guardia Civil", que cuenta con "un gran presupuesto, con muchos recursos, mucho armamento".
Aunque las autoridades hondureñas no habían reaccionado a las declaraciones de Ortega, la embajada de Estados Unidos en Managua llamó al orden a Nicaragua y le reiteró que "continúe en el camino ya establecido de desarmamiento y destrucción de todos los misiles Sam-7", al mismo tiempo que salió en defensa de Honduras.
"Honduras, como país autónomo y soberano, no necesita 'aprobación' de otro gobierno para renovar su flota aérea. Adicionalmente, el gobierno de los Estados Unidos no está entregando ninguna aeronave de guerra a Honduras", precisó la embajada en una nota de prensa.
Sin embargo, el presidente costarricense, Oscar Arias, no ha hecho esperar su reacción al señalar en la prensa de este lunes que "no tiene sentido confundir una policía civilista para la protección de nuestra ciudadanía con un ejército militar" y ve en esta alegación una excusa para no destruir los misiles adquiridos en la década de los 80, durante el primer gobierno sandinista (1979-90).
El coronel retirado Hugo Torres considera justificada la preocupación de Ortega porque no ha habido correspondencia de los otros países de la región en deshacerse de algún tipo de armamento que se considere peligroso para contribuir al clima de confianza que establecen los acuerdos.
El argumento empleado por la sede diplomática estadounidense en defensa de Honduras "vale para todos los Estados y Nicaragua es soberana para darse el armamento que considere necesario para la defensa de su soberanía", dijo Torres a la AFP.
Ortega dejó clara el viernes su posición de no continuar la destrucción de los cohetes antiaéreos luego que el tema fuera incluido en la agenda del Parlamento, donde podría ser sometido a debate esta semana.
"Nicaragua es el país que más ha venido desarmándose en la región centroamericana, dentro de lo que se ha conocido como el balance razonable de fuerzas" acordado en los acuerdos de paz de Esquipulas (Guatemala) en 1987, recordó Ortega.
Un total de 1.000 cohetes Sam-7 fueron destruidos por el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños en el 2005 a pedido de Estados Unidos y otros 1.051 están en los depósitos del Ejército y cuya destrucción pende de la autorización del Parlamento.
El Ejército de Nicaragua estimó conveniente reservarse 400 cohetes para la defensa del país, a lo que se opone Estados Unidos porque considera que éstos son un peligro para la aviación comercial en caso de que caigan en manos terroristas.
El mandatario llamó a los diputados a que tengan en cuenta los pasos dados por Nicaragua de forma unilateral y su derecho a poseer armamento para su defensa acorde con la correlación de fuerzas a nivel regional como señalan los acuerdos de paz.
Honduras y Nicaragua mantienen un diferendo jurídico en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la firma de un tratado de límites entre Honduras y Colombia en 1999 que Managua rechaza porque asegura que afecta a sus intereses en la región del Caribe.
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