Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
Familiares de los secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC rechazaron este miércoles el anuncio hecho la víspera por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, en el que advirtió que el 2007 será un año crucial para las operaciones militares de rescate.
"Es un horror. El anuncio (de Uribe) es una declaratoria de muerte para nuestros familiares. No entiendo por qué lo hace si sabe que los pone en riesgo de muerte y a nosotros nos mortifica terriblemente", dijo a la AFP Yolanda Pulecio, madre de la política colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Pulecio reveló que en la última semana envió, junto a los demás familiares de plagiados, una carta a Uribe, a través de un derecho de petición que el mandatario se ve obligado a responder, en el que le advertían de los enormes riesgos de realizar los rescates.
"El presidente nos sorprende cada día de manera negativa. Inició el 2007 diciendo que éste sería 'el año de la vida' y anuncia ofensiva de rescate. Eso significa sangre y fuego y la muerte de nuestros familiares", declaró por su parte a la AFP Marleny Orjuela, vocera de los familiares de policías y soldados plagiados.
Orjuela recordó que varios de los uniformados están por cumplir diez años en cautiverio, y desestimó el argumento dado por Uribe según el cual está obligado constitucionalmente a ordenar los rescates militares de las personas en poder del grupo marxista.
"Hemos buscado detenidamente y no encontramos en la Constitución dónde dice que la Fuerza Pública está obligada al rescate de secuestrados cuando existe una opción de tenerlos vivos y libres a través del canje. Lo que sí dice la Constitución es que todos tienen el derecho a la vida", añadió.
Por su parte, Ángela Giraldo, hermana del ex diputado (legislador local) del departamento del Valle, Francisco Giraldo, instó al presidente a que antes de ordenar los operativos militares "revise las estadísticas que indican que no existe ningún antecedente de rescate exitoso a un secuestrado político".
A su turno, el ex presidente Ernesto Samper (1994-98) que impulsa el canje aseveró que "es un acto de crueldad (de Uribe) preguntar a los familiares si están de acuerdo con los rescates".
"El Gobierno debe asumir la responsabilidad y no les cree un complejo de culpa a los familiares", dijo.
En el mismo sentido se pronunció Claudia Rugeles, esposa del ex gobernador Alan Jara del departamento del Meta (centro), secuestrado en 2003 cuando iba en una ambulancia. "Nos oponemos al rescate y le pedimos al presidente que salve los obstáculos para realizar el acuerdo", dijo a la AFP.
El martes, Uribe notificó a la cúpula de su Policía que "el año 2007 es un año crucial para rescatar secuestrados", en un desafío al pedido de familiares de secuestrados, del gobierno francés y de ONGs para que desistiera de éstos y solicitó la ayuda militar de países europeos con ese propósito.
Uribe se refirió así tácitamente a Francia, España y Suiza, que han actuado como intermediarios para buscar el intercambio de un grupo de 57 rehenes de las FARC, que incluye a tres estadounidenses, la ex candidata presidencial Betancourt y a decenas de políticos, policías y militares, por unos 500 rebeldes presos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la guerrilla más antigua y militarmente poderosa de las que combaten en el país, insisten en que para sentarse a negociar el canje, Uribe debe ordenar previamente la desmilitarización de dos municipios del suroeste del país.
Uribe no acepta esa demanda, por considerar que es excesiva, y propone la desmilitarización de una zona más reducida y bajo estrictas condiciones, lo que las FARC rechazan.
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