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EDITORIALDependencia de energía térmica Dirigentes y técnicos del ICE han fallado en planeamiento eléctrico y los sindicatos, en controlLa apertura del ICE es una necesidad tecnológica, en beneficio del país y del propio ICE Es cierto, el ICE depende cada vez más de la generación de energía proveniente de plantas térmicas movidas a base de diésel y búnker para satisfacer el creciente consumo que demanda el país. En los dos últimos años, el aporte de estas plantas a la generación total de energía prácticamente se duplicó. Y, aunque en términos porcentuales la participación de fuentes térmicas todavía no es muy alta en relación con el total, su tasa de crecimiento sí va en aumento y el costo por kilovatio resulta muy elevado en comparación con la generación hidroeléctrica. Eventualmente, el costo podría ser alarmante en términos económicos y de contaminación ambiental. De ahí surgen dos interrogantes impostergables: ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué debemos hacer, de cara al futuro, para reducir o minimizar el problema? El presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, declaró en una entrevista aLa Nación , el viernes pasado, que la merma en los caudales de los ríos tributarios de las represas había bajado peligrosamente y obligaba al ICE a presupuestar un monto creciente de recursos – de $100 millones en el 2006 a $130 millones en el 2007– para adquirir más diésel y búnker importados. Señaló, también, que parte del problema se debía al atraso –injustificable, agregamos nosotros– en varios proyectos y al fracaso de otros, como Boruca y Pacuare, amén de la mala planificación, pues se estimó originalmente un crecimiento de la demanda del 5%, mientras que, por la creciente inversión extranjera experimentada, ese crecimiento debía haber sido estimado entre un 6% y un 7%, por lo menos. También se subestimó la escalada en los precios del petróleo y el impacto en los bolsillos de los costarricenses por las mayores tarifas asociadas con ese factor. Preguntamos, de nuevo, quiénes fueron los responsables. Anticipamos, desde ahora, que la respuesta convencional de los enemigos de la apertura es que la responsabilidad no es del ICE, sino, más bien, de quienes limitaron su expansión en el pasado, en aras de mantener un equilibrio macroeconómico (que ni siquiera se concretó), impuesto por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Pero no es así. No debemos inculpar a los demás por las fallas internas. La búsqueda de chivos expiatorios forma parte, al parecer, de nuestra cultura nacional. Ha habido mala planificación de las autoridades y técnicos del ICE, y falta de estudio y vigilancia de los dirigentes sindicales, incapaces todos ellos de visualizar correctamente las dimensiones de la demanda interna en el contexto de mayor inversión y crecimiento. Tampoco previeron las vicisitudes de la propia naturaleza, que han hecho variar las condiciones climáticas. También ha habido un manejo inadecuado de los recursos generados por las tarifas, pues se ha consentido una burocracia técnica y administrativa con costos innecesarios para el usuario (de hecho, el regulador nacional, Fernando Herrero, trabaja en un nuevo modelo para desterrar, al menos en parte, la excesiva burocracia e ineficiencia actuales para obligar a los operadores a ser más eficientes y menos dispendiosos). Han fallado aparatosamente los sindicatos del ICE en sus controles internos en muchos casos, incluyendo, hoy, Alcatel, que tiene a la institución asida del cuello por un contrato del que no puede, aparentemente, salirse. ¿Dónde estaban los sindicatos cuando eso ocurrió? ¿Por qué han sido tan aguerridos para defender el monopolio en lo que les conviene, pero tan débiles para ejercer la fiscalización que en otros ámbitos despliegan? Es decepcionante constatar que se oponen a todo régimen de apertura que, de haberse aprobado anteriormente, ya hubiera subsanado las limitaciones estatales para invertir más y mejor. También han fallado los funcionarios, planificadores y políticos de turno de todos los partidos que han llegado al poder, y los partidos de permanente oposición, al insistir en mantener el monopolio, sin la apertura a la que lo convoca la realidad mundial. Han dado muestras inequívocas de no estar a la altura de los requerimientos del desarrollo moderno, amigable con la naturaleza. Lo anterior nos lleva responder, sin ambages, la segunda de las interrogantes formuladas al inicio, relacionada con las acciones que se deben emprender de cara al futuro. La respuesta es muy obvia. El sistema que nos han impuesto es muy inconveniente y, además, ineficiente desde varios puntos de vista, según hemos comentado en editoriales anteriores. Pero, para efectos de la preocupación relativa a la creciente dependencia de combustibles importados, es obvio que se impone la apertura, pues el Estado no tiene los recursos ni la tecnología suficientes para financiar las inversiones necesarias para profundizar el uso intensivo de energía geotérmica, hidroeléctrica o eólica, y debe descansar en tarifas más altas para financiar las obras respectivas. Ya el ICE solicitó a la Aresep un nuevo aumento del 23% de las tarifas para hacer frente a la importación de combustibles fósiles en el 2007, aumento que será trasladado, en su totalidad, a los consumidores y usuarios costarricenses. ¿Se justifica perpetuar ese sacrificio? Desde luego que no. Pero, para evitarlo, es muy importante aprobar cuanto antes la Ley de Modernización del ICE y las demás leyes conexas, con el objetivo de permitir que el sector privado coadyuve con el esfuerzo nacional de suministrar energía abundante, a mejores precios y razonablemente limpia. De lo contrario, continuará y se acrecentará la dependencia del ICE de queroseno y diésel importados, en perjuicio de la economía y el ambiente costarricenses.
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