Exhibición en recuerdo de las víctimas del ataque
(AFP)
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GUATEMALA (AFP) -
El gobierno de Guatemala indemnizará con unos 3.200 dólares a familiares de las 37 personas que murieron hace 27 años en un incendio en la embajada de España, suceso que llevó a la suspensión durante cuatro años de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
"Nosotros tenemos registrados a 25 de los 37 fallecidos, aunque no tenemos la documentación completa de todos. A finales de este mes se les entregará el dinero a quienes hayan completado todo el proceso y, más adelante, a los demás", afirmó a la prensa la presidenta de la Comisión de Resarcimiento, la indígena Rosalina Toyuc.
Los familiares de las víctimas recibirán unos 3.200 dólares, aunque la falta de documentación de algunos retrasará aún más el proceso, agregó Toyuc.
"En aquella época, muchas familias ni siquiera tenían registrados oficialmente a sus hijos, por lo que hace falta mucha papelería. Tenemos el caso de la madre de uno de los muertos, ella ya tiene 99 años, pero nunca sacó su cédula y perdió las partidas de nacimientos de sus hijos", agregó.
El próximo miércoles se cumplirán 27 años de la quema de la embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980. En el incendio murieron quemados 34 guatemaltecos y 3 españoles, por lo que el país ibérico suspendió las relaciones diplomáticas hasta 1984.
La Audiencia Nacional de España ordenó, en diciembre pasado, la detención con fines de extradición de seis militares de alto rango, incluido el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), y dos civiles, al aceptar a trámite una denuncia interpuesta en 1999 por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.
Su padre, Vicente Menchú, murió en la quema de la embajada de España, ocupada por estudiantes y campesinos para denunciar las atrocidades de la guerra.
Sin embargo, el proceso judicial se encuentra estancado por un recurso presentado por la defensa de Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Para el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, "es una cosa sumamente positiva lo que está ocurriendo, pero el hecho de que se les dé dinero no significa que ellos pierdan el derecho a iniciar un proceso legal en contra de cualquier responsable".
"La reparación económica no es resarcimiento, tampoco es justicia, nosotros creemos que el monto es demasiado bajo y es como poner un precio a un ser humano", agregó el directivo del GAM, integrado por detenidos-desaparecidos durante los 36 años de guerra que vivió este país hasta que en 1996 se firmó la paz.
Asimismo, demandó a la Comisión de Resarcimiento acelerar el pago a otras víctimas del conflicto armado "porque corremos el riesgo que se pierdan los 300 millones de quetzales (40 millones de dólares) del presupuesto anual como ha ocurrido otros años".
La Comisión del Resarcimiento fue establecida en 2003 y su función primordial es ayudar a recuperar el tejido social seriamente afectado durante la guerra.
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