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Parejas claman por fertilización in vitro Solo quienes tienen dinero pueden tratarse en centros del extranjeroCIDH no da plazo para emitir criterio y mantiene caso todavía en estudio Ángela Ávalos R. aavalos@nacion.com Varias parejas con problemas de fertilidad claman por el regreso de la fertilización in vitro al país. Esta técnica de reproducción asistida está prohibida desde el 2000 en el país, luego de que la Sala IV consideró que violaba la vida humana. Por esa prohibición, un grupo de 15 parejas demandó al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda se presentó hace seis años, que se cumplieron el 19 de enero pasado sin que la Comisión tenga un plazo para resolver ni dé señales de emitir algún criterio. Para mujeres como Lucía (se reserva la identidad), esos seis años de espera significaron haber perdido la oportunidad de probar si podía concebir mediante fertilización in vitro. Ella supera los 40 años, edad en que aumentan los riesgos para la mujer ante un embarazo. Pero para otras sí hay posibilidades. “El tiempo ya corre en mi contra, pero otras aún tiene la oportunidad. No es posible que les quiten un derecho fundamental: formar una familia”, dijo esta administradora de empresas. Lucía se divorció, pero sigue en la lucha. Dice que mantiene la esperanza de proteger el derecho de otras mujeres y hombres a ser padres utilizando esta técnica de reproducción asistida. Actualmente, las parejas para las cuales esta técnica es la única vía para tener un hijo, deben viajar al exterior. Los precios de un tratamiento van desde los $2.500 a los $25.000. “En Costa Rica se debe volver a permitir la fertilización in vitro . Es frustrante ver que en un país como el nuestro se le niegue un tratamiento a una pareja para formar una familia”, aseveró Lucía. Camino. En la fertilización in vitro , los especialistas fecundan los óvulos en un tubo de ensayo. En el caso costarricense, hasta el 2000 esta técnica estuvo regulada por un decreto presidencial que permitía la transferencia de seis óvulos fecundados al útero. Sin embargo, la Sala IV consideró inconstitucional ese decreto. “El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación y lo que es fundamental para la Sala no es un legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte”, dijeron cinco de los siete magistrados en aquel entonces. Un grupo de parejas rebatió ese voto y planteó la demanda. Al principio, eran diez parejas. Con el paso del tiempo, otras cinco se han sumado al proceso. Aunque la CIDH acogió el caso para estudiarlo por su fondo en el 2004, aún no ha emitido ninguna resolución. La Nación consultó a la Comisión en qué fase estaba el proceso. Rosa Celorio, funcionaria de la Comisión, manifestó en un correo electrónico que “desafortunadamente, la CIDH en este momento no puede conceder la información solicitada sobre el caso mencionado porque se encuentra en trámite y pendiente de resolución”. Caminos. La única forma de que se elimine la prohibición de hacer fertilización in vitro en el país es que la Comisión traslade el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, esta, a su vez, ordene al Estado costarricense dar marcha atrás a la medida. Gerardo Trejos es el abogado que representa a estas parejas. Él considera que el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda ha sido “extremadamente largo”. Trejos no quiso referirse al fondo del asunto para no interferir en el proceso. Pero confía en una futura resolución favorable para sus defendidos. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, representante del Estado, defiende la posición inicial: “La posición estatal es acorde con la protección de los derechos humanos y por ello busca proteger la vida humana desde el momento de su concepción”. “La Cancillería espera una resolución favorable para el país y, por tanto, aspira a que esa instancia declare que los hechos alegados no caracterizan violación a derecho alguno”, detalló un comunicado de la entidad. Parejas como la de Marco y María (se reserva la identidad real de ambos), con más de una década de casados, aún conservan la esperanza de que el análisis de la comisión les permitan formar una familia. Porque María sobrepasa la tercera década de vida y siente que “el reloj de arena biológico” transcurre en su contra. En sus esfuerzos por concebir, pasó por más de diez inseminaciones y salió del país para ser sometida a fertilización in vitro . Ambos dependen de un salario, que está comprometido por las deudas para enfrentar estos tratamientos médicos. Su casa, dicen, fue construida para varios niños y se les hace grande y vacía para los dos.
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