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Sala de Redacción Inversionistas de Banco Elca demandan a jerarcas de Sugef David Leal C. dleal@nacion.com San José. Inversionistas del desaparecido Banco Elca presentaron una denuncia penal contra varios funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financie ras (Sugef). La querella es contra Óscar Rodríguez Ulloa, superintendente de entidades financieras; Manrique López Soto y Roy Gerardo Araya Araya, ambos interventores del Banco Elca, y Cecilia Sancho Calvo, directora general de supervisión de bancos privados. La denuncia se presentó el 8 de enero en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos del I Circuito Judicial de San José. Esta acusación se une a otra que presentó Carlos Alvarado Moya, presidente de Elca, contra los funcionarios de la Sugef (excepto Rodríguez) y el banquero Marco Cuadra. Según la denuncia, hubo irregularidades en el proceso de liquidación de Elca, entre ellas: alteración de datos, incumplimiento de deberes y administración fraudulenta. Entre esas anomalías, los inversionistas señalan diferencias contables en los estados financie ros del Banco que publicó la Sugef y los que esta entidad entregó al juzgado al solicitar la quiebra. Asimismo, la Superintendencia “obligó” al Banco a realizar elevadas reservas por préstamos que consideró como de difícil recuperación, y pese a estar cerrado, se ha recuperado un 66,5% del crédito total, indica la denuncia. Según los demandantes, en el plazo comprendido entre la inter vención y la elección de la junta liquidadora, las estimaciones por in cobrables crecieron ¢5.117 millones. Empero, al menos un 70% de esos recursos se ha recuperado. La Sugef intervino Elca en junio del 2004 al alegar que el intermediario aplicaba “prácticas bancarias que ponían en peligro su solvencia financiera”. La declaración de quiebra se realizó en febrero del 2005, sin em bargo, para los demandantes la liquidación del Banco fue apresura da, y alegaron que la Sugef no les permitió participar con posibles so luciones alternativas al cierre. Más gastos. Los inversionistas señalaron como un manejo irregular de la entidad, el incremento en los gastos de personal y de administración (servicios públicos y seguridad) durante la intervención. Por ejemplo, el pago de salarios durante ese plazo alcanzó los ¢602 millones, de los cuales, ¢116 millo nes se pagaron a funcionarios de la Superintendencia. La denuncia indica que los interventores presentaron dos esta dos financieros con corte al 30 de di ciembre del 2004, con diferentes montos. El que se presentó al juzgado en cargado de la quiebra, mostró un activo (edificios, dinero, inversio nes) por ¢15.784 millones y un pasivo (cuentas por pagar) de ¢17.835 millones. Mientras, el publicado en el sitio web de la Sugef reflejó un activo de ¢16.949 millones y un pasivo de ¢19.000 millones. La diferencia en los saldos re portados ocurre por la inclusión de algunas cuentas que no correspondían a las prácticas contables, lo que a criterio de los demandantes constituyó un error “garrafal”. Los demandantes señalaron que la Sugef presentó extemporáneamente la solicitud de incluir los activos de la Corporación Elca en la quiebra, lo que a su criterio causó un perjuicio económico. Según la denuncia, la Sugef negó la oportunidad de aportar una solución alternativa a la quiebra del Banco. Los inversionistas hicieron saber a la Superintendencia que esta ban dispuestos a convertir el 35% de sus inversiones en el Banco en capital accionario para que alcanzara una relación capital-deuda acorde a las exigencias. El restante 65% de sus recursos, los inversionistas estaban dispuestos a mantenerlo en el Banco por un tiempo prudencial; sin embargo, la propuesta fue rechazada. La Nación intentó hablar con el superintendente Óscar Rodríguez, pero en su oficina informaron de que no se encontrará sino hasta el próximo 8 de febrero.
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