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¿Política salarial justa? ¿Es que el arroz y los frijoles son más caros para los de mayores salarios?Rosalía Bravo Castro Exdirectora de Presup. Nacional Cuando el informe Estado de la nación nos afirma que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, cuando nos indica con desaliento que la riqueza se concentra en pocas manos, cuando la diferencia entre los ingresos de los que más tienen se acrecienta en relación con los ingresos de los que menos tienen, cuando los periódicos publican que una minoría de la población ostenta el mayor porcentaje de consumo de bienes y servicios..., el Gobierno decreta unilateralmente el aumento salarial que regirá para el sector público en el primer semestre del 2007, y lo establece, como ha sido tradicional en más de tres lustros, en un porcentaje fijo uniforme sobre los salarios vigentes. ¿Qué significa esto? Sencillamente, un beneficio para los que devengan mayores salarios en detrimento de los que menos ganan. Los salarios o pensiones de ¢1.000.000 o más, por ejemplo, recibirán un aumento mensual de ¢40.000 o más; el maestro que devenga el salario base más bajo entre los profesionales, que ronda los ¢250.000, recibirá un aumento de apenas ¢10.000 o menos, lo que indica 4 veces menos que aquellos. Aumentos desiguales. ¿Quiénes gastan más de su ingreso en la llamada “canasta básica”? Cualquier persona, sin ser economista, tiene muy claro que, cuanto más bajo es su ingreso, mayor porcentaje dedica a satisfacer sus necesidades básicas o menos que básicas. Muchos destinan el 100% solo a vivienda (alquileres, en la mayoría de los casos) y a la alimentación mínima para medio sobrevivir. Si los aumentos salariales persiguen cubrir el costo de vida o los aumentos en la susodicha canasta básica, ¿por qué ese mayor incremento real a los de arriba? ¿Es acaso que el arroz y los frijoles les cuestan más caro a los que mayores salarios devengan? Siendo directora de Presupuesto Nacional y secretaria técnica de la Autoridad Presupuestaria, pregonaba que el sistema que cumplió el propósito de mejorar en algo los salarios de ciertos profesionales y ejecutivos (salarios más altos) ya debería cambiarse. Si de lo que se trata es de compensar costo de vida o la inflación, lo lógico es establecer porcentajes que fueran compensatorios para los salarios más bajos e ir decreciendo el porcentaje para los salarios más altos. Esto sería revaloración salarial justa. Don Pepe Figueres, ese insigne estadista y visionario, allá por la década de 1970, en su segundo mandato, decretó que los aumentos salariales que cubrirían la inflación o el costo de vida deben establecerse con base en montos fijos iguales para todos. Así, si se estima que la cifra que cubre dicho costo es, por ejemplo, ¢20.000 mensuales, pues esta cifra es la que se fijará; si hablamos en términos porcentuales, esto significa un 10% para los salarios de ¢200.000 y un 2% para los que devengan ¢1.000.000. Todos tendrían así lo que requieren para cubrir los incrementos que demande satisfacer sus necesidades básicas. ¿No es eso lo que se pretende con la revaloración salarial? Salarios rezagados. Hasta la Cámara de Comercio de Costa Rica “analiza con preocupación el Decreto que fijó en un 4% el aumento salarial para el sector público, manifiestan que la actividad comercial necesita que los inventarios se muevan y que es evidente que los salarios están rezagados y no acordes con los niveles de inflación, lo que afecta directamente al sector comercio, pues disminuye la capacidad adquisitiva. Claman por aumentos salariales objetivos, acordes con las necesidades y, además, negociaciones justas, con un consenso entre el Gobierno y los trabajadores”. Llegó la hora de que el Gobierno actúe como debe: velando por una justa distribución de la riqueza.
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