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Un clamor nacional La muerte y la irracionalidad se han apoderado, por años, de las carreteras del paísEl reciente espectáculo de algunos traileros ha revelado la magnitud de la impunidad ¿Cuántos muertos más habrá que enterrar y cuántos heridos y lesionados más tendrán que ingresar a los hospitales para que el respeto y la observancia de las normas de tránsito retornen a nuestras carreteras? La conducta de los choferes de furgones y la irresponsabilidad de los propietarios, dramatizada en estas semanas, ha llegado a su límite. Este es un clamor nacional que el Gobierno de la República debe atender sin tardanza. Se trata de una cuestión de derechos humanos: del derecho a la vida y a la salud, a la integridad física, a la seguridad y a la acción del Estado en defensa de estos valores fundamentales. El 13 de enero pasado, un trailero, de 21 años, con la licencia vencida, embistió a varios vehículos y mató a cuatro personas en la vía a Guápiles. El conductor había acumulado 31 multas. Un récord mundial. El 22 de enero, otro trailero, de 20 años, en estado de ebriedad, golpeó a otro furgón y, de seguido, a otro vehículo. Los vehículos se incendiaron. Tres personas quedaron heridas. El chofer tenía la licencia vencida, se encontraba en estado de ebriedad y ya había registrado 27 infracciones de la Ley de Tránsito . Otro récord mundial. La lista podría continuar. En nuestras carreteras, tanto rurales como urbanas, impera la ley de la selva. Detrás de este festín de muerte y de heridos hay responsables. Está, en primer lugar, el Estado que, por mucho tiempo, ha elaborado estadísticas sin fin y ha actuado a medias. Según la Sala Constitucional, quebranta los derechos de los conductores el retiro de la licencia de conducir. Los gobiernos han actuado, pero no han llegado al fondo del problema: las sanciones han sido muy débiles, el número de inspectores, escaso; el modus operandi de estos en las carreteras no es eficaz, pues son más espectadores que policías exigentes, como lo demuestra la experiencia diaria. En estas condiciones, la impunidad ha sido la reina y señora de las vías públicas, madre nutricia de hábitos perniciosos en el manejo de vehículos, una especie de anomia colectiva, en la que el quebranto de las normas se considera un acto de ingenio o de valentía, o una gracejada. La legión de conductores irresponsables y sin conciencia de sus actos se ha apoderado de las vías públicas. Esta no es una hipérbole. Es una verificación constante que, además, ha hecho perder a la gente hasta el sentido de asombro para convertirse en una competición deportiva pública aceptada. De aquí la ineficacia de las bienintencionadas y costosas campañas de seguridad o de educación, mientras el Estado no eche mano de su poder de imperio con sanciones ejemplares y que, además, se apliquen ejemplarmente. La sanción aplicada (no solo promulgada y, peor aun, negociada), en esta coyuntura, es la mejor y única escuela eficaz de educación pública. Representa una burla saber que al trailero irresponsable del 22 de enero pasado, con la licencia vencida y ebrio hasta el delirio, posiblemente se le imponga una multa de 26.000 colones. Mientras tanto, la reforma a la Ley de Tránsito descansa en la Asamblea Legislativa. No hay razón alguna para que las fracciones legislativas no se pongan de acuerdo y aprueben esta normativa sin dilación. En la galería de la irresponsabilidad ocupan un lugar preferente los propietarios de los furgones y, en general, de los autobuses y camiones pesados. Los primeros, de los que apenas hemos presentado una leve muestra, ponen de manifiesto su irresponsabilidad y su complicidad. Los patronos o dueños de los furgones no se han preocupado de las condiciones psicológicas, técnicas y legales mínimas de los choferes a su cargo, y a saber si observarán las normas laborales. Los han contratado con irresponsabilidad que pasma. A juzgar por estos hechos y las experiencias de todos los días, cabe, entonces, preguntarse cuál es la misión de la Cámara de Transportistas, la misma que, hace dos años, estimuló, con los furgones en la calle y con declaraciones de sus dirigentes, el tortuguismo de los furgones. En fin, la criminalidad y el desparpajo viales exigen un cambio radical de actitud de todos los actores en este espectáculo deprimente y vergonzoso en el que la muerte y la irracionalidad se han posesionado de las vías públicas.
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