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Tribunal absuelve a exempleado de Migración por mala pesquisa Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com El Tribunal de Juicio de Goicoechea absolvió a un exempleado de Migración y a un finquero de Los Chiles, Alajuela, a quienes se juzgó por supuestamente vender cédulas de residencia a extranjeros. El fallo lo dieron ayer debido a la deficiente investigación del Ministerio Público que, según los jueces, “no demostró durante el debate los hechos por los cuales se acusó a los imputados”. La resolución favoreció al exfuncionario Juan Balbino Porras Mongrío y al ganadero Luis Dagoberto Molina Noguera. Ambos fueron vinculados por el Ministerio Público con los delitos de cohecho propio (recibir dinero por hacer un acto contrario a sus deberes) y falsedad ideológica (insertar datos falsos en un documento público). El hecho que se les atribuyó se descubrió en el junio del 2005, cuando Porras Mongrío laboraba en la oficina de Migración de Los Chiles. Según la Fiscalía, Porras y Molina contactaban extranjeros, especialmente nicaragüenses, para otorgarles cédulas de residencia en Costa Rica a cambio de ¢60.000. Deficiente. Al comunicar ayer la resolución, los jueces Milton Castro, Rosaura García y Carolina Leitón , quienes dirigieron el debate, dijeron que mientras se efectuó el juicio la Fiscalía no aportó elementos suficientes para probar la acusación. “La investigación del Ministerio Público fue deficiente”, dijo Milton Castro, quien presidió el juicio. Agregó que se anularon dos anticipos jurisdiccionales por mal practicados debido a errores tanto de la Fiscalía como del juez penal de San Carlos. “Se hizo un mal procedimiento que dejó por fuera al representante de la defensa”, explicó Castro. A pesar de la absolución, el juez Castro le hizo ver a Porras y a Molina que es un hecho cierto que en Los Chiles se dio una situación irregular con las cédulas de residencia, debido a fallas de control. Luego de escuchar la resolución, Juan Balbino Porras manifestó que por este caso estuvo detenido 13 meses, situación por la cual lo despidieron sin responsabilidad. “Voy a analizar el hecho y posiblemente demande al Estado porque ellos debieron suspenderme del cargo, mientras se resolvía el asunto penal”, concluyó.
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