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EDITORIALFortalecimiento del IMAS La reciente ley de fortalecimiento del IMAS, por unanimidad, muestra que otras reformas sociales y económicas son posiblesEsta ley representa un primer paso en la agenda social que ha de acompañar al TLC La reciente aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) representa un significativo logro social y político de la Asamblea Legislativa, que debe marcar una pauta a seguir por dicho Poder. Numerosas razones justifican esta afirmación. En primer lugar, este proyecto representa la primera normativa de importancia que se presenta y se aprueba durante este gobierno. Su aprobación en tiempo récord (menos de seis meses entre su ingreso a Comisión y su votación final en el Plenario) demostró la posibilidad de lograr acuerdos políticos con el diálogo y la transparencia como herramientas para el trámite ágil de legislación necesaria. En temas sociales es mucho más factible el consenso, lección que debe ser aprovechada en otros temas como salud, educación y vivienda. La competencia política debe desplegarse no en la cultura del NO, sino en la búsqueda de soluciones que abran las puertas de un encuentro o unidad en lo esencial. El pueblo observa atento estos resultados y recobra la confianza en la política y en los partidos. La posibilidad de los acuerdos políticos, en aras del bien común, se vio reforzada aún más, en esta reforma, por la unanimidad de su aprobación, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales, como en las dos votaciones del Plenario. Es una gran lección de madurez política y representa la comprensión clara de que la pobreza no tiene ideología ni color político. En segundo lugar, esta es una reforma social relevante que ha de inspirar la acción social en los años venideros. Luego de dos cuatrienios virtualmente improductivos que desmejoraron notablemente los indicadores de desarrollo humano y competitividad, es esperanzadora la rápida aprobación de un proyecto basado únicamente en la reorganización institucional según los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de fondos públicos. Con él se espera recuperar al menos ¢5.000 millones para la lucha contra la pobreza, desentrabar administrativa y burocráticamente la institución, darle seguridad jurídica y lograr mayor transparencia y una sólida rendición de cuentas. Todo ello, sin crear más burocracia, nuevos impuestos o más deuda pública.. Hay que proceder, sin embargo, con sentido de la realidad. Esta ley no basta para erradicar de un plumazo la pobreza, pero sí es un gran paso que debe acompañarse de otros más. Se tiene que reactivar el aparato productivo del país, afianzar y extender los mercados para nuestras exportaciones, crear las condiciones para estimular la inversión y la creación de nuevos empleos, y elevar mucho la calidad y cobertura de nuestra educación. De lo contrario, nuestro país se rezagará sin dar el salto al desarrollo. Pero, para lograrlo, hace falta voluntad y, sobre todo, creatividad, como lo demuestra precisamente la nueva ley del IMAS. En tercer lugar, esta ley pone al descubierto una realidad que algunos aún niegan: el anquilosamiento del aparato estatal. El hecho de que, con unos pocos ajustes en la legislación, pudiera liberarse una cifra nada despreciable de fondos públicos, consolidar la transparencia y agilizar el funcionamiento del IMAS, ilustra el carácter entorpecedor de las muchas amarras jurídicas que padecen las instituciones del país. ¿Cuántas otras entidades del Estado estarán también, como esta, impedidas de cumplir eficazmente sus fines por culpa de normativas absurdas? El reto de salir de esta atrofia debe ser afrontado por sus actuales jerarcas, como lo hizo el del IMAS, Diego Víquez, granjeándose por ello un claro voto de confianza. En cuarto lugar, el impulso brindado por el Poder Ejecutivo al proyecto del IMAS representa un explícito compromiso político con una agenda social de desarrollo y, además, el señalamiento de un rumbo de reformas sociales, como lo demanda el país, entroncado con la ratificación del TLC. Este tratado, como se ha reiterado, es una herramienta más dentro de la gran aspiración al desarrollo que compartimos la mayoría de los costarricenses. Nuestra esperanza es que la madurez y el buen criterio que prevalecieron en la discusión y aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social permanezcan también por encima de la demagogia, el populismo y la irresponsabilidad, en la discusión de los grandes temas de la agenda nacional.
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