Argentinos de Gualeguaychú celebran fallo en La Haya
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LA HAYA (AFP) -
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó el martes la demanda presentada por Uruguay contra Argentina, con la que pretendía que este tribunal ordenara el fin del bloqueo de varios puentes fronterizos, provocado por la construcción de una papelera en el río compartido por ambos países.
Argentina acogió con satisfacción el veredicto, mientras que Uruguay se declaró sorprendido por la sentencia, aunque sin interpretarla como un fracaso.
"Por catorce votos a favor y uno en contra, la CIJ decidió que las circunstancias, tal y como se presentan actualmente, no tienen el poder de exigir a este tribunal que pronuncie medidas cautelares", declaró la presidenta de la CIJ, la británica Rosalyn Higgins, ante los representantes de los dos países.
En su veredicto, la CIJ subrayó, contrariamente a lo deseado por Argentina, su "competencia" a la hora de juzgar esta cuestión, pero manifestó que no está convencida del "riesgo inminente de daños irreparables" provocados por los bloqueos de los puentes, tal y como había argumentado Uruguay.
Concretamente, el tribunal de La Haya recordó que "pese a los bloqueos realizados en el lado argentino, la construcción de una papelera, por parte de la empresa finlandesa Botnia, en el lado uruguayo del río, progresó notablemente desde el verano (boreal) de 2006", lo cual invalida claramente el argumento de riesgo "inminente" presentado por Montevideo el pasado diciembre ante la CIJ.
Al mismo tiempo, el tribunal de La Haya recordó a las dos partes su deber de "plegarse a las normas de derecho internacional" y les instó a abandonar medidas que puedan "hacer más difícil la resolución del presente diferendo" y obstaculizar la "buena administración de la justicia".
El fallo llenó de alborozo a unos cien ecologistas y habitantes de Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires) que escucharon el dictamen del alto tribunal en la ruta 136 que une esa localidad con la uruguaya Fray Bentos, y que mantienen cortada ininterrumpidamente desde hace poco más de dos meses.
En una improvisada rueda de prensa, el canciller argentino, Jorge Taiana, aseguró que el Gobierno está "conforme y satisfecho" con el dictamen que, según él, "quita una cortina de humo" a la batalla judicial entre los dos países.
Taiana acusó al gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez de "no enfrentar el problema de fondo" y de buscar "excusas" para evitar abrir un diálogo.
Pero su homólogo uruguayo, el canciller Reinaldo Gargano, refrendó la posición de su Gobierno de no acceder a la negociación mientras prosiga el bloqueo.
Uruguay habrá de mantenerse en la misma postura: no habrá negociación alguna "mientras persista el bloqueo de los puentes", dijo.
Además, el Ministro recalcó que "el pronunciamiento no es tomado como un fracaso por Uruguay, porque contiene en su texto elementos positivos".
Entre estos aspectos positivos enunció el hecho de que la Corte haya admitido "la conexión del tema con el Tratado del Río Uruguay y por ende con el tema de fondo, no haya excluido que en el futuro, "si existiere a su juicio un daño inminente, Uruguay tenga derecho a plantear medidas cautelares", y que insista en que "las partes no deben hacer nada que agrave la situación, lo cual constituye una advertencia muy clara".
Desde mediados de 2006, Argentina y Uruguay libran ante la CIJ una complicada batalla judicial que podría durar varios años y discurre al margen de esta demanda de medidas cautelares presentada por Uruguay.
Los responsables argentinos recurrieron a la CIJ para que reconozca que su vecino violó el estatuto común del Río Uruguay de 1975 al autorizar la construcción de dos papeleras en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo).
En este momento, la construcción de una papelera, obra de la empresa finlandesa Botnia, sigue adelante, con el aval de la CIJ. Por su parte, la empresa española Ence decidió finalmente cambiar la localización de su fábrica y situarla en el Río de la Plata.
Los habitantes de Gualeguaychú mantienen desde noviembre un bloqueo permanente en uno de los puentes internacionales que comunican con el país vecino y realizan cortes intermitentes en otros dos.
Uruguay estima que el bloqueo es ilícito y el gobierno argentino, pese a oponerse al corte de estos puentes, garantiza que no usará la fuerza para desalojar a los manifestantes.
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