Presidente de Perú, Alan García
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LIMA (AFP) -
La posibilidad de que el gobierno del presidente Alan García aliente una estrategia para retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) genera preocupación en Perú, condenado recientemente a pagar indemnizaciones a presos por terrorismo asesinados en una cárcel en 1992.
Las preocupaciones sobre un eventual retiro de la CIDH fueron expresadas por grupos defensores de los derechos humanos quienes advierten que el presidente García insiste en una campaña a favor de la pena capital pese a que un proyecto de ley en ese sentido fue rechazado hace dos semanas por el Congreso.
El presidente García ha expresado su "indignación" por el fallo del tribunal y paralelamente se muestra como un ferviente partidario de la aplicación de la pena de muerte para terroristas y pedófilos que asesinan a sus víctimas, posición que colisiona con la CIDH que proscribe la pena capital.
Hace 48 horas el mandatario reiteró su posición al afirmar que "no me temblará la mano para aplicar la máxima sanción".
Perú comunicó este lunes al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su insatisfacción por ese fallo a través de su nuevo representante ante el organismo hemisférico en Washington, Antero Flores-Aráoz.
"Le reiteré la vocación integradora de Perú y su vocación por cumplir sus compromisos, pero que no puede dejar de expresar la insatisfacción, que va desde la preocupación hasta la indignación en algunos sectores, ante la sentencia de la Corte", indicó Flores-Aráoz.
Paralelamente medios de prensa y organismos humanitarios sindican al ministro de la Producción, Rafael Rey, como uno de los impulsores dentro del gobierno del "retiro parcial" de la CIDH.
Rey, un aliado del presidente García, es líder del derechista partido Renovación y mantiene una dura pugna con los defensores de derechos humanos.
"Los juristas dicen que Perú sí se puede retirar parcialmente de la competencia de la CIDH para casos de narcotráfico y terrorismo", dijo este lunes Rey, una de las principales figuras del Opus Dei en Perú.
El ministro Rey dijo que esa es una posición de los legisladores de su partido en el Congreso -que preparan un proyecto de ley para el retiro de Perú de la CIDH- y que no ha conversado por el presidente García sobre ese tema.
En un esfuerzo por evitar el pago de reparaciones a los deudos de los terroristas, el gobierno envió este lunes al agente del Estado peruano ante la CIDH, Luis Alberto Salgado, a Costa Rica para reunirse con el presidente de ese tribunal, Sergio García Ramírez.
El fallo de la CIDH -que se dio a final del año pasado- ordena el pago de 20 millones de dólares a los familiares de 41 integrantes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso que perdieron la vida en una matanza en el penal Castro Castro en mayo de 1992, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
La Corte internacional dispuso además que el Estado organice un homenaje público de desagravio a las víctimas de esa matanza. Esa sentencia fue calificada de "indignante" por García.
El analista Nelson Manrique opinó en el diario Perú21 que el presidente con su discurso a favor de la pena de muerte está buscando un pretexto para asegurar la impunidad en el asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral, durante el primer gobierno de García (1985-1990).
El caso de Cantoral, asesinado presuntamente por un grupo paramilitar denominado 'Comando Rodrigo Franco', comenzará a ser visto en la CIDH en su actual período de sesiones de esta semana.
También está pendiente en la corte de San José la matanza de cerca de 300 acusados de terroristas en 1986, también en el primer periodo de García.
"El tema de fondo no es la pena de muerte para los terroristas y los violadores de niños. Alan García está intentando crear un pretexto para retirar a Perú de la jurisdicción de la CIDH para asegurarse la impunidad en crímenes como el de Cantoral y la masacre de los senderistas presos en El Frontón", señaló Manrique.
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