 María Estela Martínez de Perón
(AFP)
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BUENOS AIRES (AFP) -
Expertos en temas judiciales tienen opiniones divergentes sobre la validez de las acusaciones y del pedido de captura contra la ex presidenta argentina Isabel Perón (1974-76), bajo libertad provisional en España, por crímenes de la banda parapolicial ultraderechista Triple A.
María Estela 'Isabel' Martínez de Perón fue detenida y liberada el viernes en España y aguarda un juicio de extradición a Argentina, a pedido de un juez que la investiga por el secuestro y desaparición del militante político Héctor Fagetti, días antes del golpe militar que derrocó a su gobierno en marzo de 1976.
Un juez federal emitió el martes otro pedido de captura internacional contra Isabel, en el marco de la causa que investiga los crímenes de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización a la que se le atribuyen unos 1.500 asesinatos de disidentes en los años previos al golpe de Estado.
Julio César Strassera, ex fiscal del histórico juicio contra las Juntas militares de la dictadura (1976-83), calificó de "mamaracho que no tiene el menor asidero posible" el pedido de captura librado por el juez Héctor Acosta.
Acosta vinculó la desaparición de Fagetti con tres decretos de octubre de 1975 que, según Strassera, son "totalmente legítimos".
Esos decretos ordenaban a las fuerzas armadas "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en alusión a agrupaciones guerrilleras de izquierda, peronistas y no peronistas, que actuaban en el país.
Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó y condenó en 1985 a los jerarcas de la dictadura, consideró "una cuestión patética" acusar a la ex presidenta por la desaparición de Fagetti.
"Ella no podía dar órdenes, el gobierno se caía", afirmó el ex ministro de Justicia del gobierno de la socialdemócrata Alianza (1999-2001).
Gil Lavedra consideró "ridículo pensar que los militares cumplieron órdenes del gobierno constitucional que derrocaron".
El jurista admitió que "hubo desapariciones anteriores al golpe" pero consideró "probable que el aparato montado por los militares haya empezado poco antes" del derrocamiento de la viuda del tres veces presidente Juan Perón (1946-52, 1952-55 y 1973-74).
En cambio, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo a la AFP sobre el caso Fagetti que "la desaparición forzada de una persona fue producto de la metodología (utilizada) durante el gobierno democrático" de Isabel Perón.
Sabsay consideró posible el enjuiciamiento de Isabel en Argentina y afirmó que las investigaciones sobre la ex presidenta se inscriben en el marco "de la evolución que tuvo el tratamiento de los delitos de lesa humanidad en los últimos años" en el país.
El Parlamento anuló en 2003 las leyes de perdón de la década del 80, lo que reabrió un millar de causas contra acusados de crímenes de lesa humanidad en la dictadura.
"No veo dificultades para la extradición de Isabel con el antecedente de (el fallecido ex dictador chileno Augusto) Pinochet", estimó Sabsay.
Según el constitucionalista, la metodología de exterminio de opositores que llevó adelante la dictadura se engendró en el gobierno de Isabel Perón.
Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, consideró que "España debería extraditar a Isabel" en función de los crímenes por los cuales es investigada.
En declaraciones a la AFP, criticó a los jueces que solicitaron la captura de la ex presidenta y los acusó de utilizar el caso para "reciclarse".
Yanzón, especialista en derechos humanos, dijo que denunció años atrás al juez Acosta "por la aplicación de tormentos a presos a su cargo" y aseguró que Oyarbide no le "merece ninguna confianza".
Oyarbide fue uno de los jueces con ascenso durante la presidencia de Carlos Menem (1989-99), a quien luego encausó por ocultar bienes al fisco e incumplir sus deberes de funcionario público.
El magistrado calificó recientemente los crímenes de la Triple A como delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, lo que dio nuevo impulso a una causa por la que están detenidos tres ex jerarcas de esa banda parapolicial.
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