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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com Un caso público de corrupción, irracionalidad y burla de la democracia. Todos los plazos y fechas para la elección de diputados se rigen por normas definidas que se cumplen en horas precisas. Nada está sometido al azar. Luego, los ganadores se juramentan en el TSE, en un día y hora específicos, y un primero de mayo, cada cuatro años, para contento y gloria de los suyos, depositan sus posaderas en una curul. A partir de ahí, las horas y plazos para satisfacción de sus intereses y derechos diputadiles se cumplen con exactitud. Hasta los días y semanas de asueto se observan o inventan con precisión. Y ¡ay de quien intente quebrantar el procedimiento en menoscabo de los intereses de los diputados! ¡Anatema sea! Dicho lo anterior, ¿qué pasaría si, al sentarse en la curul o, más aún, si, al pretender luchar por ella, años antes, se enteraran de que todo en la Asamblea Legislativa está sujeto a normas, días y horas, menos el pago de sus salarios y demás regalías? “¿Y mi salario –preguntarían airados los diputados cada quincena– cuándo saldrá”. “¡Ah, señor diputado, no podemos decirle nada. Eso nadie lo sabe. Ahí vamos pagando, poco a poco, cada mes o cada seis meses y, a veces, cada año, y ni siquiera el pago completo. No hay normas ni día ni hora ni plazo alguno. Pida prestado!”. El símil no es disparatado. Así proceden los diputados con los proyectos de ley. Ingresan y nadie sabe cuándo se van a votar. Nuestra Asamblea Legislativa es, por ello, una huesera y buena parte de “los debates”, un parloteo sin sentido. En los países democráticos, cada proyecto tiene un camino y un término definidos. En Costa Rica no, pues el reglamento está hecho para fomentar la locuacidad e impedir la votación. Si es ilegal e inmoral que los diputados no reciban su salario puntualmente, también lo es que uno de los actos esenciales del parlamento –votar las leyes oportunamente– se desnaturalice. Y desnaturalizar la función pública tiene un nombre: corrupción, sin que valga el cínico argumento de que si se fija de antemano el día de la votación, se violan los sacrosantos derechos de las minorías. La verdad es otra: el reglamento actual es un arma en manos de los mediocres o de los oportunistas para su propio beneficio o para perjuicio del país. Solo en Costa Rica los proyectos de ley no están sujetos a un procedimiento racional y solo en Costa Rica todos los diputados pueden hablar sobre ellos. Si esto no es irracional, antidemocrático e inmoral, ignoro qué lo sea, dado el daño que se le inflige al país.
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