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Ortega ante dos rumbos Existen señales contradictorias sobre la orientación del nuevo gobiernoEl país necesita que se impongan la responsabilidad, la seriedad y la ética Nicaragua ha comenzado una nueva etapa de su convulsa historia política. Esta, por suerte, parte del ejercicio democrático y, por ello, puede celebrarse como un paso más en el proceso hacia la consolidación institucional. Sin embargo, en medio de la complacencia por un traspaso de poder producto de comicios libres –aunque enmarcados por un sistema electoral muy imperfecto–, surge la inquietud de cuál será el rumbo que, a partir de ahora, tratarán de imponer al país Daniel Ortega, su nuevo presidente, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En el lapso comprendido entre las elecciones y la toma de posesión, se manifestó un Daniel Ortega que prometió respetar la institucionalidad democrática, mantener vigente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, buscar la unión de la “familia nicaragüense”, tener buenas relaciones con sus vecinos, promover la inversión, continuar la estabilidad macroeconómica y, a partir de esas bases, mejorar las condiciones de su pueblo. Es lo que correspondería a un gobernante sensato, que conoce los retos más importantes de su país y está dispuesto a aplicar las estrategias probadas alrededor del mundo para promover el desarrollo. En los últimos días, sin embargo, actuó el Ortega que hizo perder hora y media a los invitados a su asunción del cargo, esperando al presidente venezolano, Hugo Chávez, y que sustituyó su anunciado discurso ante todos los dignatarios que lo acompañaron en la ceremonia por un derroche de retórica populista en la “Plaza de la fe”, flanqueado por Chávez, su colega boliviano, Evo Morales, y el vicepresidente cubano, Juan Ramón Machado, representantes de la peor izquierda latinoamericana. Es el Ortega que la emprendió contra el “neoliberalismo” sin ni siquiera definir qué es y que adelantó la adhesión de Nicaragua a la delirante Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), sin tomar en cuenta que eso requiere la ratificación de la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría. Y, peor aún, es el dirigente partidista que, con desdén hacia la verdadera ética política, mantiene una alianza de reparto de poder e influencias con el expresidente Arnoldo Alemán, condenado por corrupción. Ante esta dualidad, la pregunta esencial para el futuro de su país, con repercusiones inmediatas en vecinos como Costa Rica, es cuál de los dos Ortega será el que gobierne Nicaragua, o cuál de sus dos tendencias, cada una representada por distintas corrientes dentro del FSLN, será la que prevalezca durante el ejercicio de su mandato. De esto dependerá la suerte de Nicaragua. Todavía es prematuro aventurar conclusiones porque el gobierno apenas ha comenzado, y en la euforia del cambio de mando son posibles muchos excesos de poses y retórica. En favor de un buen rumbo están sus declaraciones previas, la falta de mayoría sandinista en la Asamblea, la estrecha vinculación de Nicaragua al comercio con Estados Unidos, el profesionalismo que han desarrollado las fuerzas armadas, la emergencia de sectores políticos más modernos e ilustrados, y el dinamismo de la sociedad civil. Pero en contra están sus instintos populistas, la historia y el presente de sus componendas con Alemán, la chequera fácil de Chávez, el radicalismo de algunos sectores del FSLN y la tentación de enquistarse en el poder. Nuestra esperanza es que, por lógica, necesidad, sentido de realidad y elemental responsabilidad, sean el Ortega responsable y sus colaboradores del mismo signo los que terminen por prevalecer. En esto, el excomandante creador de la “piñata”, tras perder frente a Violeta Barrios de Chamorro, no debe olvidar que casi dos tercios de los nicaragüenses votaron por otras opciones políticas y que su responsabilidad es hacia todos. Nicaragua es una y merece avanzar hacia una democracia cada vez más eficaz y hacia un progreso cada vez más dinámico y equitativo, algo imposible desde el populismo, la demagogia, la confrontación y las componendas políticas inconfesables.
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