 Cochabamba ocupada, vive gran tensión
(AFP)
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COCHABAMBA, Bolivia (AFP) -
La violencia entre partidarios y opositores al presidente Evo Morales, que el jueves dejó dos muertos, podría repetirse en esta ciudad central boliviana que amaneció militarizada, en medio de un conflicto en que seis regiones piden una autonomía que el gobierno rechaza.
La tensión crecía este viernes en esta ciudad con la realización de un cabildo de miles de campesinos cocaleros y mineros afines al gobierno de Morales, que piden la cabeza del prefecto (gobernador) de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un opositor del presidente.
"¡Muerte a Reyes Villa!", fue uno de los gritos contundentes que corearon los campesinos.
Buscando bajar la temperatura de la confrontación, Morales dirigió un mensaje por televisión a sus bases políticas para que no sigan consignas de venganza y les prometió justicia por las agresiones que -en su criterio- sufrieron sus partidarios.
En esta ciudad, a 400 km de La Paz, se respira temor. El comercio privado ha cerrado sus puertas, el tránsito vehicular es casi inexistente y sólo se veían columnas de manifestantes que se dirigían a la concentración popular a pie y en camiones.
El aeropuerto y las principales plazas y puentes de esta ciudad, tercera de Bolivia, están bajo el control de militares de élite de la séptima división de ejército y policías antimotines, engrosados con efectivos enviados desde la ciudad de La Paz y otros puntos del país.
El presidente Morales dijo que se ordenó la movilización de militares, que patrullan las calles y avenidas, para recuperar el control de Cochabamba y disuadir eventuales nuevos enfrentamientos.
El gobierno, a través del vicepresidente Alvaro García, y Reyes Villa se han culpado mutuamente por los hechos registrados y no cedieron en sus posiciones. El primero pide que cesen las proclamas autonomistas del gobernador y el segundo aduce un respaldo popular para este nuevo sistema de gestión pública.
La Iglesia Católica, la estatal Defensoría del Pueblo y la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia anunciaron que comandarán la búsqueda de diálogo, una palabra hasta ahora acallada por las beligerantes voces de oficialistas y opositores.
Los graves incidentes en Cochabamba han alimentado, nuevamente, las aspiraciones autonomistas de las provincias de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que desde hace meses dicen no soportar más el centralismo de las funciones públicas concentradas en La Paz.
Los gobernadores de esos cuatro departamentos se reunieron el jueves con sus homólogos de Cochabamba y La Paz, que se unen así, con algunos matices, a la posición proautonómica.
Al ser anfitrión de la reunión de gobernadores, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, también ha comenzado a convertirse en blanco de las iras de los sectores aliados del presidente, que comenzaban este viernes a pedir su renuncia.
El jueves, durante esa reunión, unas 400 personas cercaron el ingreso al aeropuerto internacional de El Alto -que sirve a La Paz- para impedir, sin éxito, la salida de los prefectos.
Portando pancartas y pasacalles, gritando estribillos en contra del prefecto de Cochabamba, los vecinos de El Alto (una base política importante de Evo Morales) manifestaron así su apoyo al mandatario.
"Hasta aquí, todo lo que ocurre en Cochabamba o en el resto del país será responsabilidad del Gobierno nacional que tuvo el tiempo suficiente para intervenir e impedir lo que pasó en Cochabamba", dijo Mario Cossío, gobernador de Tarija y vocero de los seis prefectos reunidos en La Paz.
Por su parte Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, criticó el apoyo del gobierno a quienes exigen la renuncia del gobernador de Cochabamba.
"El presidente está totalmente equivocado si cree que con su actitud puede someter a los demás que no son de su línea política. Les parezca o no a los representantes del Gobierno, las declaraciones políticas de las diferentes autoridades no deben ser motivo para realizar revanchismo en contra de sus opositores", dijo Fernández.
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