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Tribunales en Guápiles Una obra urgente para mejorar la calidad de la administración de justiciaJorge Méndez Zamora Diputado En “Guapileños deberán cruzar pista para acudir a tribunales” (La Nación, 28/12/06, pág. 8 A), en cuatro distintos párrafos se afirma que el suscrito, junto a los restantes diputados y diputada de la provincia de Limón, suscribió una nota de aparente oposición a la construcción del nuevo edificio que albergará los Tribunales de Justicia de Guápiles. Esa afirmación es absolutamente incorrecta, pues nunca he suscrito ninguna manifestación en esa dirección. Al contrario, desde mi despacho hemos emprendido diferentes gestiones con el fin de respaldar la ejecución de esa obra, que consideramos urgente para mejorar la calidad del servicio de administración de justicia para miles de habitantes de la región Caribe Norte. La nueva edificación será utilizada por los vecinos de los cantones de Siquirres, Guácimo, Pococí y Sarapiquí, y cuenta, además, con el respaldo de la Asociación de Abogados de la Región Caribe Norte, que agremia a los profesionales en Derecho de esos cuatro cantones. La leve oposición existente al día de hoy se deriva precisamente de unos pocos comerciantes, quienes consideran que serían afectados realmente en sus intereses cuando se produzca el traslado de los tribunales. Importantes beneficios. No obstante, no tengo la menor duda de que la unificación de los servicios en un solo edificio traerá importantes beneficios a los usuarios, quienes actualmente deben transitar todo un calvario para atender sus asuntos judiciales; por ejemplo, una persona afectada por un delito en muchos casos debe pasar por el Organismo de Investigación Judicial, la Medicatura Forense, el Ministerio Público, el Juzgado Penal y el Tribunal de Juicio, órganos ubicados todos ellos en puntos diametralmente opuestos de la ciudad. La existencia de una carretera, como la ruta 32 Braulio Carrillo, no puede significar definitivamente la barrera para el desarrollo de una ciudad. Nos corresponde a sus representantes y a las instituciones públicas hacer lo correspondiente para que los usuarios del servicio público puedan contar, en el nuevo lugar, con las previsiones necesarias para tener acceso a un buen servicio de transporte público, y a las obras de vialidad necesarias, tales como semáforos, puentes elevados y accesos, para su mayor seguridad.
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