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Ministerio Público investiga manejo de fondos MAG-Oirsa Organismo finalmente entregó información sobre el destino del dineroComisión legislativa sugiere destituir a dos altos funcionarios Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com El Ministerio Público abrió una investigación de oficio sobre el manejo de fondos públicos entre el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). Solo entre el 2002 y el 2005, Oirsa trasladó más de $5,4 millones al MAG, pero ambas entidades se negaron a rendir cuentas sobre el uso del dinero ante la Contraloría General de la República.
En agosto una investigación de este medio determinó que el despacho del exministro Rodolfo Coto repartió $520.000 en “ayudas económicas”, “sobresueldos”, “bonificaciones”, viajes, celebraciones, regalos y otros rubros. Los restantes $4,5 millones se utilizaron en gran parte para pagar maestrías de algunos funcionarios, consultorías y viáticos para decenas de viajes. Fabián Barrantes, jefe de prensa del Poder Judicial, confirmó que la investigación se encuentra en proceso y que aún no se han presentado acusaciones. Sobre posibles delitos relacionados con el manejo de fondos y si Oirsa puede alegar inmunidad, Barrantes indicó que por el momento no es conveniente dar detalles sobre la investigación. Más información. El Ministerio Público tiene acceso a 98 carpetas de información financiera que Oirsa entregó al MAG tras múltiples solicitudes del ministro de la Producción, Alfredo Volio. El jerarca confirmó que además de los fiscales, están analizando los documentos Tributación Directa y la Contraloría. La participación de los fiscales ocurre después de que en agosto la Contraloría ordenó al Gobierno poner fin al convenio. Oirsa es una entidad centroamericana que fumiga vehículos en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos para evitar el ingreso de plagas al país. El MAG cedió ese servicio en 1988, mediante un convenio que permite a Oirsa definir tarifas, cobrarlas directamente a conductores y empresas y recaudar ¢1.470 millones anuales. Parte de ese dinero es entregado al MAG y el resto lo utiliza el organismo a su discreción. Destituciones. El informe final de una comisión legislativa que analizó el caso recomendó al ministro Volio gestionar la destitución del representante de Oirsa en el país, Jimmy Ruiz, por “negar información” y “ejecutar recursos públicos de manera irregular”. Ruiz respondió a La Nación, por escrito, que acatará las disposiciones que tome el organismo, pero aseguró que la entrega de las 98 carpetas es “prueba de la voluntad de cooperación”. Los diputados también recomendaron abrir un proceso para remover de su puesto a la actual directora del servicio fitosanitario del Estado, Xenia Carro, por “negligencia en sus funciones”. Carro respondió estar “encantada” de que se abra el proceso en su contra porque considera que ha sido “cautelosa”. “Tengo cómo demostrar que no hubo negligencia”, afirmó. Ambos funcionarios asumieron sus puestos este año, pero estuvieron relacionados con el convenio en puestos anteriores. La comisión legislativa también recomendó que el anterior ministro de Agricultura, Rodolfo Coto, “no ocupe cargos públicos o de representación del país” por un período de ocho años. Críticas. La comisión señaló que no le fue posible determinar si a la Contraloría le caben responsabilidades por haber refrendado el convenio, en 1988. No obstante, los legisladores concluyeron que al ente contralor le faltó “consistencia y rigurosidad” al aprobar el convenio con criterios diferentes a los utilizados en otro convenio similar. Por ese motivo le recomendaron a la Contraloría iniciar una investigación de todos los contratos relacionados con convenios del Estado, incluyendo aquellos que consisten en donaciones procedentes de otros gobiernos u organismos internacionales. La oficina de prensa de la Contraloría indicó que aún no ha sido notificada sobre el informe, pero adelantó que tiene un equipo trabajando en esa investigación.
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