Amenazas de muerte

Gobierno da protección a jueces que definen futuro de diputado guatemalteco

 Legislador fue vinculado con crimen de parlamentarios salvadoreños

 Jueces denunciaron que reciben amenazas de muerte

Guatemala. ACAN-EFE. Tres jueces guatemaltecos que deben decidir el futuro del diputado Manuel Castillo, vinculado a los asesinatos de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer en febrero pasado, reciben protección por amenazas de muerte.

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) y de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron ayer de que a los tres jueces, miembros de la Sala Regional de Apelaciones de Jalapa (oriente), se les asignó seguridad.

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Se trata de la presidenta de la Sala, Zina Guerra Giordano, y los vocales Greta Monzón y Edgar López.

El martes, Guerra denunció que estaban recibiendo amenazas de muerte por vía telefónica, sin precisar más detalles.

La Sala Regional de Apelaciones de Jalapa será la encargada de resolver si procede o no retirarle la inmunidad al diputado Castillo, quien a partir de enero próximo se convertirá en alcalde de su ciudad natal Jutiapa.

A Castillo se le vincula con los asesinatos de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano Eduardo D'Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez, perpetrados el 19 de febrero en una apartada región de la carretera que conduce de Guatemala hacia El Salvador.

Debido a que goza de inmunidad, no solo como actual diputado al Congreso y como alcalde electo, la Sala deberá determinar si procede despojarlo de ese derecho para que sea sometido a juicio.

Según las investigaciones, Castillo habría incurrido en los delitos de encubrimiento y asociaciones ilícitas en el caso de los asesinatos de los diputados salvadoreños.

Por el asesinato de los políticos salvadoreños están en prisión dos expolicías guatemaltecos y cinco civiles.

Cuatro policías guatemaltecos: Luis Arturo Herrera López, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar Méndez y José Korki López Arreaga fueron capturados como autores materiales de la matanza, pero fueron asesinados el 25 de febrero en la prisión en la que fueron recluidos, aparentemente por un comando que entró a la prisión.