Un camino errado

 La solicitud de ¢4.000 millones para exmuelleros de Limón no debe inspirarse en el clientelismo político

 El diputado Echandi debía saber que, antes de acoger un proyecto de ley, deben valorarse sus consecuencias

El diputado José Manuel Echandi(Partido Unión Nacional) acogió un proyecto de ley para crear un fideicomiso para el pago de una “indemnización y finiquito a los trabajadores de la estiba y desestiba de los muelles de Limón y Moín”. El expediente 16.539 se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa desde febrero pasado.

Es preciso recordar sobre el particular algunos hechos. En la administración Figueres Olsen se rompió el oligopolio de la estiba en manos de tres compañías privadas: Estiba, Carga y Descarga(Cadesa) y la Cooperativa Autogestionaria Obrera de Producción de Servicios en Actividad Bananera, Portuaria y Afines R. L. (Coopeutba). Esta apertura causó despidos en estas tres empresas, mas permitió el ingreso de más compañías y redujo en un 54% el costo de carga y descarga de un contenedor. En 1999, la administración Rodríguez Echeverría pagó una primera compensación de ¢775 millones a 1.460 encargados de carga y descarga de mercaderías. Ese monto asciende hoy a ¢1.781 millones. Ahora, tal como informamos ayer, la Asociación Sindical Nacional de Estibadores y Afines(Asnea) aduce que, en 1999, no todos los muelleros recibieron una indemnización, o bien solo percibieron una parte.

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Por su parte, el presidente ejecutivo de Japdeva, Walter Robinson, ha manifestado que la indemnización no debe recaer sobre las finanzas de esta entidad, que no se trata de empleados de esta, sino de empresas de estiba, y que el pago de 1999 tenía carácter de finiquito, esto es, se pagaba “por una única vez”. Estos son datos que deben tenerse en cuenta, antes de tramitar este proyecto, máxime si, como expresa el diputado Echandi, “hay que hacer un análisis para comparar las listas de 1999 con el listado de posibles nuevos beneficiarios”, lo que, según confesión propia, no ha hecho todavía. Esta labor, según este diputado, corresponde al Ministerio de Hacienda “para excluir a los vivillos que quieren ganarse un pago doble y para pagarles a los que no recibieron nada en 1999 o se les dio menos de lo que les correspondía”.

Estas declaraciones del diputado Echandi no representan, como es obvio, el mejor argumento para tramitar y aprobar este proyecto de ley. Las cosas deben hacerse con orden y lógica, que él maltrata, por cuanto, antes de acoger este proyecto, debió realizar este estudio, o bien, llevar a cabo las gestiones pertinentes para que el Ministerio de Hacienda aclarara la situación. Más bien, prefirió el camino del clientelismo político: quedar bien con los dirigentes sindicales y con los trabajadores, y, luego, como a golpe dado no hay quite, que el Estado cargara con las consecuencias de una ley aprobada, pero sin sustento jurídico o real para proceder al pago. No hace falta mucha imaginación para prever los efectos sociales y políticos de este proceder, con mayor razón si el argumento básico, para aprobar este proyecto, según el secretario general de Asnea, José Francisco Correa, es “la difícil situación económica” por la falta de oportunidades laborales en Limón, donde el desempleo es del 5,5%.

No se debe desechar el argumento de la situación social por elemental sentido de solidaridad. Sin embargo, debe actuarse con objetividad, seriedad y sentido jurídico. Es muy cómodo brindar este tipo de subsidios, quizá en espera de un rédito político. Este modo de proceder, en otras ocasiones, ha dado lugar a conflictos sociales graves, como nos enseña la experiencia, particularmente en Limón. El buen juicio aconseja, entonces, que se lleve a cabo un estudio esmerado, a cargo de funcionarios competentes, a fin de comprobar si, en 1999, se actuó con justicia. El diputado Echandi equivocó el camino.