Estibadores de Limón despedidos en 1995

Exmuelleros gestionan segunda indemnización por ¢4.000 millones

 Exempleados recibieron primera compensación en diciembre de 1999

 Proyecto de ley beneficiaría a 2.000 personas y cada una recibirá $4.000

Los trabajadores de la estiba que laboraban para firmas privadas y fueron despedidos en 1995 en los puertos de Limón y Moín, gestionan una segunda indemnización en la Asamblea Legislativa por ¢4.000 millones.

En 1999, el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez pagó una primera compensación de ¢775 millones a 1.460 encargados de carga y descarga de mercaderías. Ese dinero equivale hoy a ¢1.781 millones.

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Ahora, la Asociación Sindical Nacional de Estibadores y Afines (Asnea), alega que en 1999 no todos los muelleros recibieron una indemnización o no obtuvieron el dinero que les correspondía.

El argumento fue acogido por el diputado del Partido Unión Nacional, José Manuel Echandi, quien promueve un proyecto de ley para el pago de una “indemnización y finiquito a los trabajadores de la estiba y desestiba de los muelles de Limón y Moín”.

El expediente 16.539 ya se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Congreso, donde hace fila para trámite desde febrero de este año.

Hace una semana compareció el secretario general de Asnea, José Francisco Correa Garita, quien alegó que desde 1995 los exestibadores atraviesan una “difícil” situación económica por la falta de oportunidades laborales en Limón (el desempleo allí es del 5,6% y el nacional, 4,6%).

En aquella época, el Gobierno de José María Figueres, rompió el oligopolio de la estiba, que estaba en manos de tres compañías: Estiba, Carga y Descarga (Cadesa) y la Cooperativa Autogestionaria Obrera de Producción de Servicios en Actividad Bananera, Portuaria y Afines R.L. (Coopeutba).

La apertura causó despidos en estas tres firmas, pero permitió el ingreso de más compañías y redujo en un 54% el costo de cargar o descargar un contenedor.

La propuesta. El proyecto de Echandi pretende la creación de un fideicomiso para indemnizar a 2.000 extrabajadores de la estiba.

Para ello, el Ministerio de Hacienda debe autorizar que se levante el límite de gasto de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La administración portuaria crearía el fideicomiso de ¢4.000 millones, que se repartirán según el ingreso promedio que percibió el exmuellero durante los 12 meses previos al 4 de octubre del 2005.

Así, se crearán tres montos del subsidio que serán: ¢2,4 millones, ¢1,8 millones y ¢1 millón.

Según Echandi, Hacienda debe confrontar la lista de indemnizados de 1999, con el nuevo listado, para evitar dobles pagos.

Por su parte, Wálter Robinson, presidente ejecutivo de Japdeva, dijo que no puede emitir un criterio definitivo hasta que lea el proyecto de Echandi y hasta que el documento sea sometido a consulta en la junta directiva de Japdeva.

No obstante, recordó que él era diputado en 1999 cuando se aprobó la primera indemnización, que tenía carácter de finiquito, es decir, se pagaba por “una única vez”.

Además, le extraña que el proyecto cargue el pago de la indemnización a Japdeva, a pesar de que no se trata de empleados de la Junta, sino de empresas de estiba.

La Nación intentó ayer obtener el criterio de Correa, como representante de los posibles indemnizados, pero su hijo indicó que estaba fuera de Limón y no usa celular.

Indemnización pagada en 1999

Bloqueos y protestas para obtener un subsidio

El 1.° de octubre de 1999, tras varios días de negociaciones, los sindicatos de extrabajadores de la estiba lograron un acuerdo con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez para obtener una indemnización tras la apertura de la estiba en 1995.

Los beneficiarios serían aquellos que no recibieron prestaciones en 1995, cuando fueron cesados en los muelles de Limón y Moín.

El 24 de noviembre de ese mismo año, los exestibadores no habían recibido el pago del subsidio, así que promovieron bloqueos en los muelles.

Durante tres días, la Policía tuvo que repartir bastonazos y lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y recuperar la administración de los puertos. El movimiento se diluyó cuando el Gobierno prometió pagar “pronto”.

Producto de las protestas, 21 exmuelleros fueron detenidos.

A cambio de la paz en Limón, el Congreso tuvo que redactar y aprobar en tiempo récord un proyecto de ley para financiar las indemnizaciones.

Se trató de la Ley de subsidio y finiquito para los trabajadores de la estiba y desestiba del muelle de Limón que un su último párrafo establecía que el beneficio se pagaría por una única vez.

El pago de ¢775 millones se inició el 14 de diciembre de ese año, con un acto protocolario en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón.

En aquella época uno de los propulsores de que se indemnizara a los exmuelleros era José Francisco Correa Garita, el mismo que hoy está pidiendo el pago de un segundo subsidio.

También fue acusado por la Policía de ser uno de los responsables de los disturbios de noviembre, en los muelles.