Arremetida autoritaria

 Daniel Ortega se empeña en imponer su voluntad en contra de la democracia

 La sociedad debe frenar sus ímpetus con rapidez, energía, unidad y civilidad

Los partidos políticos democráticos, los funcionarios responsables e independientes dentro de los poderes del Estado, la sociedad civil nicaragüense y los ciudadanos en general deben actuar con rapidez, unidad y energía, pero también civilismo, para frenar la arremetida autoritaria emprendida por el presidente Daniel Ortega y los sectores afines dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De lo contrario, cada vez se hará más difícil reencauzar el país por los senderos de la democracia, y cada vez serán peores las consecuencias de un poder que se niega a respetar la independencia de los ciudadanos, de sus organizaciones y de sus instituciones estatales.

De forma creciente desde que asumió el poder, en enero de este año, Ortega ha venido contradiciendo su retórica inicial de tolerancia, moderación, conciliación y búsqueda del bien común. En el frente externo, se ha inclinado, peligrosa e irresponsablemente, por la cercanía con Venezuela, Cuba e Irán, que ningún beneficio pueden ofrecer a su país, y muchos problemas le están causando en sus relaciones con Europa y Estados Unidos, los mercados y proveedores de ayuda, de quienes depende Nicaragua para sobrevivir. Pero es en el ámbito interno donde ha tomado las iniciativas más preocupantes, porque entran en conflicto directo con los trabajosos avances del país en materia democrática. En este sentido, su consigna ha sido centralizar el poder, no importa cuánto se violen la esencia y la práctica de su débil entorno institucional, y lo ha hecho al extremo de contradecir, incluso, las estructuras formales y los sectores más responsables dentro del FSLN.

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La peor manifestación de esta tendencia se ha dado en días recientes, alrededor de su empeño por imponer, contra viento y marea, una nueva estructura dentro del Poder Ejecutivo: los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), mediante los cuales pretende aumentar su control político y destruir la autonomía de los gobiernos locales, donde la oposición tiene gran presencia.

A pesar de que los partidos opositores, con mayoría en la Asamblea Nacional, declararon ilegales a los CPC, Ortega siguió adelante con su decisión. El 30 de noviembre instaló esos Consejos, mientras recurría a un funesto artilugio: la manipulación de la Sala Constitucional, dominada por magistrados sandinistas, la cual, en una sesión nocturna a la que no fueron convocados los de la oposición, frenó la decisión legislativa y dio vía libre a la iniciativa . Hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la resolución de la Sala. Así, se ha acentuado un grave choque de poderes (entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre este y el Judicial y en el seno de este mismo), que ha crispado peligrosamente la situación política, social y hasta económica del país.

Su arremetida autoritaria se ha topado con la crítica y el rechazo de la Conferencia Episcopal, múltiples organizaciones de la sociedad civil y los partidos opositores: el Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Movimiento Renovador Sandinista y la recién establecida Bancada de Unidad. Estos últimos, que controlan 52 de los 91 curules de la Asamblea, anunciaron el jueves la formación de una alianza para defender la institucionalidad del país. Estamos, por ello, ante una estimulante reacción democrática frente a los empeños autoritarios. Pero de poco servirá de cara a los ímpetus de Ortega, a menos que se mantenga unida y logre llevar su clamor a todos los rincones del país y de la sociedad. De lo contrario, las expectativas para Nicaragua resultan funestas.