Ejecutivo y Legislativo enfrentados

Consejos populares desatan lucha de poder en Nicaragua

 Diputados de oposición declaran guerra a Ortega, lo llaman “totalitario”

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La instalación de los Consejos de Poder Ciudadano en Nicaragua, un proyecto del presidente Daniel Ortega, desató una pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, zanjado a favor del mandatario por la Corte Constitucional.

En un ambiente de guerra abierta, los cuatro partidos de oposición a Ortega y su Frente Sandinista (FSLN) amalgamaron una coalición para luchar contra lo que consideran una “dictadura” del mandatario.

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El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y la nueva bancada Por la Unidad condenaron el viernes la “vocación totalitaria” de Ortega, a quien acusaron de destruir las instituciones democráticas por su insistencia en los Consejos.

Ortega planteó incorporar los Consejos (CPC) como una instancia del Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional aprobó una ley para impedir su formación como instancia gubernamental.

La lucha de poderes se trasladó a los politizados tribunales de justicia de Nicaragua, cuyos jueces están divididos entre los caudillos de las dos grandes fuerzas políticas, Ortega y el sentenciado expresidente Arnoldo Alemán, líder del PLC.

“Hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde la Corte Constitucional es la que termina resolviendo por la creación de los Consejos”, comentó el analista nicaragüense Carlos Tunnermann, un excomandante sandinista que dirige un movimiento cívico.

La Corte Constitucional falló la noche del miércoles en favor de la instalación de los CPC, en una cuestionada sesión en la que solo participaron magistrados sandinistas, que impidieron la presencia de sus pares liberales.

“Es nuevamente la confusión Estado-partido”, comentó Tunnermann sobre los Consejos, al compararlos con los Comités de Defensa Sandinista de los años 80. Los CPC, dijo, siendo una estructura partidista, ya están asumiendo funciones que competen al Estado.

Ortega ha defendido los Consejos de Poder Ciudadano como una instancia democrática que permite a la población participar de las decisiones del Gobierno.

Sin embargo, sus detractores las señalan como una estructura partidaria sandinista insertada en el Ejecutivo, donde estarían controlada por la primera dama, Rosario Murillo.

Para el politólogo Alberto Cortés, la actual disputa refleja también la lucha que se anticipa con las elecciones municipales de noviembre del 2008, donde la alcaldía de Managua es una importante plataforma para lanzar al potencial candidato a la presidencia.

Al mismo tiempo, destacó que “la opinión pública se le ha volcado en contra de Daniel (Ortega)”, lo que atribuyó al juego internacional que ha seguido de cortejar al líder venezolano Hugo Chávez, sin que ello se materialice en la ayuda prometida a Nicaragua.

La disputa por los CPC también dejó en el segundo plano político la propuesta de reforma constitucional que había propuesto Ortega, con miras a pasar a un sistema de gobierno parlamentario.

Ya los dos partidos liberales, el PLC y el ALN le negaron su apoyo, y las encuestas le dan poco respaldo en la opinión pública.

Ortega defendió su propuesta de reforma, señalando que pretende compartir el poder con la Asamblea Nacional.

Sin embargo, Tunnermann cuestionó tal intención.

“La mejor prueba de que Ortega no quiere un sistema parlamentario es que cuando la Asamblea promulga una ley, como la que impide instalar los CPC, él simplemente la ignora”, dijo.

A su juicio, la intención de la reforma es darle al Presidente la reelección indefinida.