Entrevista

Alberto Dent

Presidente del Conassif

‘La ley que tenemos contra el lavado no tiene dientes’

 “No hay diferencia entre los bancos. Nosotros podemos imponer multas a los bancos del Estado y a los privados, no hay ninguna diferencia en esto. La mejor forma es la sanción pecuniaria. Si usted no logró hacer esto (cumplir con la debida normativa), usted tiene una multa de ¢100 millones, y ahí sí hay un efecto en los resultados y la Junta Directiva tiene que dar una explicación de por qué sus utilidades se bajaron”.

¿Cómo se encuentra el país en el tema de la legitimación de capitales? En los últimos meses, las calificadoras de riesgo hicieron observaciones..., ¿cómo la visualiza el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)?

Ahí, tenemos un enorme problema, y es que la Ley de Psicotrópicos involucra, básicamente, a tres entidades diferentes con el control de la legitimación de capitales. El término “lavado de dinero” ya no se aplica exclusivamente a narcotráfico, pues, ahora, la definición de lavado es todo el dinero obtenido ilegalmente y que se tramite a través de los bancos.

“Se involucra en labores de control a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), en todo lo de la política de ‘Conozca a su cliente’ y transacciones denominadas en efectivo. También al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), al Poder Judicial, a través del Ministerio Público.

“La Ley se quedó corta en cuanto a lo que es la capacidad de esas tres instituciones para poder manejar el término de lo que es la legitimación de capitales”.

¿Cómo se da el lavado ahora?

Ahora, el lavado de dólares se da en todos los campos: en tarjetas de crédito, en diferentes temas industriales y comerciales. Por eso, se quitó el término “lavado” y se le puso “legitimación de capitales”, que es tomar un capital malhabido, o habido mediante una actividad ilegal, y legitimarlo para convertirlo en dinero limpio.

¿Cuáles son los cambios que requiere la legislación vigente?

Debería dárseles ciertos poderes a las autoridades de supervisión de la banca. Por ejemplo, un banco detecta una situación anómala con una cuenta y la primera reacción que tiene es cerrarla.

“En el momento en que cierra esa cuenta, se pierde el rastro totalmente. Ahí tenemos el primer problema, y es que la administración del banco está sujeta a una serie de demandas. Si no se cuenta con ese instrumento que permita la colaboración de las autoridades bancarias para seguir hasta el final con las investigaciones, sin que esto represente para ellas un riesgo de que las van a estar atemorizando con una serie de demandas, entonces estamos perdiendo la mayor cantidad de información”.

Existe la política “Conozca a su cliente”, pero hay bancos que son más efectivos en los controles y aplicación de esta norma. ¿Debería haber un estándar?

El estándar existe. Hay una normativa que habla específicamente de “Conozca a su cliente”. Estamos tratando de revisarla para saber hasta dónde legalmente podemos llegar, pero también tenemos ciertas limitaciones sobre qué podemos hacer si detectamos que la política “Conozca a su cliente” no se está siguiendo.

“Esa normativa es parte de la gestión, y lo que podemos hacer es ponerle una nota mala al banco y decirle: ‘Usted, en vez de un 10 en esa gestión, tiene un 5, tiene un 2 o un 0, pero eso al puro final en el tema de gestión, que involucra una enorme cantidad de cosas y el efecto es relativamente poco.

“ Deberíamos tener la capacidad de imponer sanciones pecuniarias a las instituciones que por ‘a’ o por ‘b’ no cumplan con el requisito de llevar a cabo una investigación muy completa de lo que son transacciones anómalas”.

Y, en caso de imponer alguna sanción a un regulado, ¿esta debería hacerse pública para que los otros que podrían estar comportándose igual corrijan inmediatamente esa situación?

Todas las sanciones que nosotros imponemos son públicas y tienen alzada ante el Conassif, que confirma la sanción. Ahí terminó el proceso administrativo y tendrían que pasarse al Poder Judicial. Hemos visto en Estados Unidos multas de $200 millones, $300 millones y $500 millones a entidades que por fueron negligentes en el manejo de la política de control del lavado.

¿Qué les impide sancionar?

Solo podemos hacer lo que está permitido en la ley. La ley nuestra que es una ley de códigos. La ley anglosajona tiene mayor flexibilidad: con solo una mención, se faculta a los reguladores y ellos pueden poner toda clase de sanciones pecuniarias. Inclusive pueden ordenar el despido de los gerentes o el cierre de instituciones financieras.

“Nosotros solo podemos llegar hasta donde nos permita la ley. La normativa no puede ir mas allá”.

¿Están atados de manos?

En este momento tenemos lo que está en la normativa, pero estamos en el proceso de revisarla para ver si podemos modernizarla.

“Pero tenemos una ley que no tiene dientes, que no tiene la capacidad para que las superintendencias puedan imponer sanciones pecuniarias. Eso es, simplemente, un golpecito en la mano”.

¿El actual monto de las multas está acorde con la realidad?

Sí está acorde, hay multas de ¢200 millones o ¢300 millones. Pero lo que pasa es que la legislación, en algunos casos, cometió algunos errores cuando puso que la multa es 0 ó 1.000.

“Entonces, no podemos trabajar en el medio cuando la falta no justifica tal vez una multa de ¢200 millones, sino una de ¢20 millones, pero estamos obligados por ley a imponer la máxima”.

¿Están trabajando el Conassif y las superintendencias conjuntamente para evitar que se dé la legitimación de capitales?

El tema “Conozca a su cliente” es obligación para todo el mundo. Ha molestado a mucha gente en este país que estaba acostumbrada a abrir una cuenta corriente sin que se le preguntara nada sobre el origen de sus recursos.

“Ahora le están preguntando de dónde vienen esos recursos y la respuesta de muchas de esas personas es de molestia, y alegan que qué le importa al banco de dónde viene su dinero.

“Y sí le importa mucho porque, si a una persona que reporta salarios de ¢300.000 ó ¢400.000 en una cuenta corriente le comienzan a depositar $30 millones o $50 millones al mes en esa cuenta, esa persona debe dar una respuesta sobre el origen de esos recursos. Igual vale para una empresa: deben justificar”.

¿Golpean la imagen del sistema financiero los casos mencionados recientemente?

Golpean la imagen del país. Todos los casos que tengan que ver con transacciones de dinero anómalas golpean siempre al país.