Turbulencia hipotecaria en EE. UU.

 Es un error interferir en forma unilateral y arbitraria en la ejecución de contratos

 Que nuestros dirigentes no se contagien de las malas prácticas de EE. UU.

Incurre en un grave error el presidente George Bush al solicitar al Congreso de los EE. UU. congelar las tasas de interés aplicables a las hipotecas para vivienda, originadas entre el 1.° de enero del 2005 y el 31 de julio del 2007, pactadas bajo términos y condiciones demasiado complacientes para los deudores.

Es un error interferir de forma unilateral y arbitraria en la ejecución de contratos ya establecidos conforme a los principios de libre contratación civil y mercantil, pues va en detrimento de derechos adquiridos garantizados por la Constitución Política. Es igualmente erróneo tratar de contradecir los principios económicos establecidos por las leyes de oferta y demanda en el mercado de bienes raíces, pues afecta la valoración del riesgo individual y la eficiencia en la asignación de recursos. Y, al ser general, beneficia por igual a quienes no lo necesitan, por lo que la propuesta también resulta injusta. Además, deja un amargo sabor populista al sentar un grave precedente para los deudores temerarios, siempre dispuestos a asumir riesgos excesivos a la espera de que el Estado les saque las castañas del fuego.

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La iniciativa es típica de un período preelectoral. Fue impulsada originalmente por algunos congresistas demócratas preocupados por ganar votos apelando a la suerte de deudores de recursos limitados, y acogida sorpresivamente por el Secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien originalmente se había resistido a semejante propuesta. Pero los vientos de la política, aunados al peligro de una recesión antes de finalizar el presente mandato, podrían lograr lo que connotados técnicos y académicos recomendaban no hacer. Es políticamente muy tentador correr a rescatar a los deudores, pero debe resistirse esa tentación por la sanidad del sistema en el futuro. El riesgo moral ( moral hazard ) es iniciar una nueva fase intervencionista en la economía privada, motivada –justo es reconocerlo– por fallas propias del mercado. Si el mercado falla, él mismo debe reparar su error, ajustando el precio de los préstamos que colocó injustificadamente y castigando a quienes actuaron equivocadamente o, peor aún, de forma irresponsable o con simple mala fe.

Desafortunadamente, el monto de atrasos e incobrables involucrado en las carteras hipotecarias denominadas subprime (con grados inferiores de solvencia), originadas en ese período de irresponsabilidad crediticia, es elevado y creciente. Y aún no se ha terminado de contabilizar. Según algunos analistas, el problema podría superar los $400.000 millones en pérdidas bancarias y afectar a casi dos millones de propietarios. Muchos de los créditos fueron otorgados en el período en que las tasas de interés se encontraban relativamente bajas (burbuja hipotecaria), y se pactaron a tasas fijas durante períodos de tiempo más largos de lo que aconsejaba la práctica bancaria convencional. Una gran mayoría de esos préstamos fueron utilizados por los deudores para incrementar su nivel de consumo por encima del ahorro compatible con sus ingresos. Pero, luego, al subir las tasas de interés para controlar la inflación, descubrieron que sus ingresos eran insuficientes para atender los nuevos pagos de amortización e intereses.

¿Quién iba a pensar que EE. UU, cuna de la innovación de productos financieros y líder en la supervisión bancaria, decidiera consentir desajustes tan marcados y proponer soluciones cuestionables? Irónicamente, los representantes americanos en el Comité de Basilea, donde se gestan las normas internacionales de prudencia bancaria que sirven de ejemplo a los países en desarrollo, no han sabido evitar ni contrarrestar las malas prácticas. Es una lástima. Porque saben muy bien lo que significa la disciplina del mercado y lo que se debe prevenir en situaciones expansivas de liquidez y el crédito. Tratar de salvar a todos los deudores y acreedores que incurrieron en fallas en la obtención u otorgamiento de créditos temerarios invitará a nuevas crisis similares en el futuro, pues las pérdidas se trasladan al Estado; es decir, a los contribuyentes.

Ojalá que nuestros políticos, proclives a financiar actividades no rentables y salvar antojadizamente a los deudores morosos, no se contagien de las malas prácticas norteamericanas, y que las entidades financieras, incluyendo Ministerio de Hacienda, Banco Central, Sugef, Sugeval y Supen, mantengan la prudencia y rigurosidad que los han caracterizado.