Sala dominada por sandinistas

Corte nica avala grupos populares de Ortega

 Jueces sesionaron a altas horas de la noche sin llamar a miembros liberales

 Presidente de Corte Suprema de Justicia consideró ilegal acción de Sala

Managua. AP. La Sala Constitucionalde Nicaragua consideró que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) son legales como estructuras vinculadas con el Poder Ejecutivo, una decisión que suscitó críticas de otras instancias judiciales y de la oposición al gobierno de Daniel Ortega.

La Sala Constitucional, uno de los órganos que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), falló que los CPC tienen bases constitucionales que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos a organizarse y participar directamente en los asuntos públicos.

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La decisión del foro Constitucional dejó sin efecto una ley que el Poder Legislativo publicó ayer en la que despoja a esos grupos populares de vínculos con el Ejecutivo.

El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, calificó ayer de ilegal la resolución emitida en la víspera por magistrados de la Sala Constitucional porque se realizó a altas horas de la noche del miércoles, sin convocatoria debida, ni agenda previa y sin haberse citado a los magistrados liberales propietarios.

La sentencia se emitió en una sesión integrada solo con seis magistrados sandinistas, tres de ellos que no son miembros de esta sala.

Los tres magistrados liberales que no estuvieron en la sesión se hallaban todos en el país y en sus respectivos domicilios.

“Con ello revelan su pretensión de querer darle un golpe de estado a la Corte y acabar con la institucionalidad. Esto afecta al poder judicial, esto está fuera de control”, afirmó Martínez.

Molestia. El diputado liberal Wilfredo Navarro, secretario de la Asamblea Nacional, declaró que los magistrados sandinistas “actuaron como delincuentes y ladrones, al filo de la noche”.

El presidente Daniel Ortega instaló el 30 de noviembre los CPC pese a que 52 diputados de los 91 miembros del Legislativo unicameral los rechazaron el 27 de noviembre mediante una legislación por considerarlos instrumentos de control político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los CPC son órganos de consulta popular que el gobierno sandinista organiza desde hace cinco meses en todos los barrios y comarcas rurales del país para poner en marcha un modelo de “democracia directa” que, según Ortega, le dará “más poder al pueblo”.

Ortega encomendó la dirección de los grupos a su esposa, Rosario Murillo, al amparo de la Ley de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, que faculta al Presidente a crear los consejos que considere conveniente.

En setiembre, sin embargo, la oposición resolvió prohibir los CPC, con una reforma legal, tras descubrir que eran organizados por sandinistas leales a Ortega con la supuesta intención de servir como instrumentos de control.

Representantes de los CPC impugnaron la ley emitida por el Legislativo ante un Tribunal de Apelaciones que congeló la entrada en vigencia de la ley y determinó que la Corte Suprema de Justicia debía pronunciarse sobre la materia.

La Asamblea desoyó el fallo del tribunal y publicó ayer la ley que consuma el acto legislativo.

Iglesia preocupada. La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó ayer su preocupación por la línea política internacional del gobierno de Ortega y por la crisis institucional a raíz de los polémicos Consejos.

En una Carta Pastoral suscrita por los obispos nicaragüenses, los altos jerarcas advirtieron “ las consecuencias económicas que nos podrían venir por la línea política internacional”.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua no dio detalles sobre qué critica de la línea política exterior de Ortega, aliado cercano del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del convaleciente líder cubano, Fidel Castro.