Costa Rica, Miércoles 5 de diciembre de 2007

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EDITORIAL

Cuando se quiere, se puede

 La ineficiencia y la corrupción han imperado, por mucho tiempo, en el transporte público

 La corrupción genera ineficiencia y afecta los derechos de los usuarios y de los empresarios honrados

El ejercicio de la autoridad, con apego a la ley, el sentido común, el criterio técnico y las ganas de hacer las cosas es la fórmula para resolver numerosos problemas que nos aquejan, presentes y acumulados. La ausencia de estas prácticas y principios representa, por el contrario, una de las causas principales del rezago del Estado y de la desatención del deber del servicio pronto y cumplido para los habitantes.

Esta es la fórmula que, en estos meses, ha puesto en práctica, con sentido pleno de labor de equipo, el Consejo de Transporte Público (CTP), presidido por la viceministra de Transportes, Viviana Martín, en beneficio de los usuarios y con aceptación de los empresarios y de los funcionarios públicos. Esto quiere decir que las decisiones adoptadas en el Consejo no se han quedado en el libro de actas, como suele ocurrir, quizá para solaz de las conciencias, sino que se han aplicado con éxito, previo un estudio minucioso, como se debe hacer, de los hechos, de la realidad del transporte de buses y taxis, de los derechos y deberes de los empresarios, así como, razón principalísima, de la calidad del servicio.

En nuestra nota sobre estas reformas, publicada el jueves pasado, se destacan algunos aspectos que, en modo alguno, deben desatenderse. El principal de ellos: el combate de la corrupción, fuente inagotable de ineficiencia. La resolución de las quejas sobre una ruta, presentadas en el marco del viciado sistema anterior, tardaba unos siete años. Este lapso no es gratuito ni solo estadístico. Es, lisa y llanamente, una prueba de corrupción. Por otra parte, el Consejo aumentó sus sesiones de trabajo para sacar adelante 700 casos pendientes (dejar hacer y dejar pasar es otra forma corriente de corrupción). Se digitalizaron los servicios y los expedientes (¿para qué sirve, entonces, la tecnología?).

Se prohibió que los directores del Consejo presentaran casos, esto es, “brincarse la fila”, como expresó la viceministra Martín. En no pocas instituciones, estos “casos personales” o de amiguismo se ven como cosa natural, como pernada segura, pero no es sino la desnaturalización más patente de la función pública. ¿No es esta, acaso, la causa primordial de los “biombos”, esto es, de la perversión de la solidaridad social al servicio de algunos profesionales? ¿Qué es el “biombo”, sino el peor engendro de “saltarse la fila” y del engorde de filas? Una vieja práctica que ha derrotado a juntas directivas, gerencias y presidentes ejecutivos por los siglos de los siglos.

El Consejo –para seguir con esta buena nueva– destituyó por desconfianza a siete de los nueve funcionarios del Departamento de Control y Finanzas, encargado de velar por los servicios de transporte público (¿E l gato cuidando la leche?). Esperamos que, ahora, otras instancias estatales no los repongan y no se siga con este juego corrupto, en el que se han especializado, en busca de pelos en la sopa, no pocos funcionarios públicos. Se contrató, asimismo, a un grupo de funcionarios capaces y honrados. En fin, estamos frente a una de las labores de limpieza más importantes y mejor aplicadas en la esfera del Estado y, además, en un servicio que, por su complejidad, falta de autoridad, compadrazgo, clientelismo y miedo de actuar, ha dañado al MOPT, a los usuarios y a los empresarios honorables.

¿Por qué esta tarea de limpieza no se hizo antes? La respuesta es aplicable a otras instituciones públicas. Así lo demuestran las constantes y graves denuncias sobre los problemas acumulados por años, sobre los que muchos funcionarios y jerarcas pasaron de lado y que algunos políticos, siempre en busca de chivos expiatorios, han atribuido a conspiraciones externas o ideológicas. Sin embargo, cuando se quiere, se puede. Es cuestión de responsabilidad, esto es, de enfrentamiento con los hechos y con el país, al que hay que dar cuenta exacta del cargo aceptado y –aunque no lo crean o recuerden– jurado.

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