Ley de Tránsito y revisión

 Soluciones que buscan clientelismo y contrarias a las tesis liberales

Ingeniero

Todos los días escuchamos noticias sobre accidentes de tránsito causados por conductores irresponsables en estado de ebriedad.

Mientras esto sucede en nuestras carreteras, un diputado del Movimiento Libertario ha atrasado la nueva Ley de Tránsito con argumentos y propuestas equivocados.

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Para empezar, la Sala Constitucional ha dicho que la revisión técnica no es monopolio por su condición de concesión. Si fuera así, también sería monopolio el aeropuerto y los puertos cuya administración se han cedido. Actividades tan complejas son siempre difíciles de operar en libre mercado.

Por otra parte, el diputado libertario nos trae soluciones que buscan clientelismo, pero sobre todo resultan contradictorias a las tesis liberales. Propone que sean los colegios técnicos los que realicen las actividades de inspección técnica vehicular, olvidando que estos reciben presupuesto público y que terminaríamos todos los costarricenses, aún los que no tienen vehículo, financiando esta operación. Podría además la propuesta desviar la atención de la administración de los colegios en el mejoramiento de la educación, ya que tendrían que atender un negocio que, de acuerdo a la Ley 8279, debe operar con excelencia y eficacia, según la Norma ISO 17020. Realmente surgen dudas de que un colegio pueda, con todas las ataduras de la legislación actual, operar según la normativa internacional.

Si fuera el caso. Algunas universidades y colegios públicos están utilizando su infraestructura para brindar servicios compitiendo deslealmente con el sector privado, ya que los subsidian con fondos públicos; esto lo saben bien los diputados libertarios, pero pareciera que, cuando se trata de llamar la atención, hasta la filosofía tiran al basurero.

Ahora bien, si en buena hora el Gobierno decidiera no tener un concesionario sino varios, como en el caso del transporte público, la actividad debería realizarla el sector privado, pues es una actividad estrictamente técnica que se sustenta en normas y reglamentos técnicos.

Si un colegio técnico o universidad quiere entran en este o cualquier otro negocio diferente a su razón principal, que es educar, y además operar en competencia con el sector privado, deberían seguir algunas reglas básicas: Que paguen impuestos de renta y de importación de equipos y que los precios se establezcan calculando los costos verdaderos tal y como lo hace el sector privado. Que los salarios del personal y el uso de instalaciones se paguen de los ingresos de la venta de servicios. Que sean autorizados por ley para actividades comerciales y que tales actividades se hagan solamente cuando realmente medie una investigación y desarrollo beneficioso para toda la sociedad. De lo contrario, estaríamos tergiversando la función del sistema nacional de educación.