Delitos graves quedaron sin castigo

Director del OIJ fustiga conciliación con delincuentes

 Hombre aceptó arreglo por $100 en vez del ¢1.000.000 que le extorsionaron

 Banda compró a víctima ¢2,5 millones en bienes a cambio de su silencio

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, advirtió que delincuentes de reconocida peligrosidad han evadido la cárcel gracias al portillo que deja la reparación de daños mediante la conciliación.

“Debería aplicarse para delitos de poca monta, no para delincuencia organizada. En esos casos la víctima siempre está en desventaja pues los jueces no llegan a conocer las circunstancias en las que se llegó a los arreglos”, advirtió el jefe policial.

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Para Rojas, esos casos se prestan para que los hampones “roben a unos para pagar a otros”.

“Sospechamos que en algunos casos las víctimas han sido presionadas para conciliar, aunque eso les signifique asumir las pérdidas. Es una alcahuetería, algo así como invitarlos a que roben”, señaló con vehemencia.

A finales del período 2004 un grupo de sospechosos de robo de vehículos entregó a los ofendidos ¢1.800.000 en compensaciones.

Una de las víctimas aceptó $100 en lugar del ¢1.000.000 que pagó por la recuperación de su carro.

Arreglos. El abogado de una banda dedicada al saqueo de casas logró que una ofendida se retractara al comprarle ¢2,5 millones en electrodomésticos. La compra se efectuó en un conocido negocio de San Sebastián, en el sur de San José.

“Le dieron más de lo que le habían robado”, comentó un investigador de la Policía Judicial.

También concilió con un grupo de víctimas el dueño de una compraventa en San José.

Al sospechoso le decomisaron 98 celulares robados, entre otros bienes de dudosa procedencia.

Con los ofendidos llegó a un acuerdo por ¢6.000.000, lo que evitó que la causa llegara a juicio.

Para la Policía Judicial, el sujeto es uno de los mayores topadores de la capital.

Por otra parte, en un abrir y cerrar de ojos recuperó su libertad una pareja de asaltantes, a quienes el OIJ esperó una madrugada en la parada de buses de Tibás, en San José. Los agentes tenían previsto acabar con una cadena de violentos atracos en perjuicio de peatones.

Los hampones fueron sorprendidos en flagrancia cuando, desatornillador en mano, amenazaban a un transeúnte para que les entregara sus pertenencias.

Durante el debate, en forma repentina la víctima aceptó ¢150.000 como reparación del daño (le quebraron el celular) y pidió no continuar con el proceso.

Los agentes también conocen a un abogado que en al menos tres casos de saqueo de viviendas (en La Unión y en San José) ha buscado a los ofendidos para ofrecerles la reposición de los bienes.

“El único requisito es el de suspender la persecución penal”, relató el agente del OIJ.

Mal uso. El viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, considera que la conciliación es un gran avance, pero se ha desvirtuado por una “aplicación rudimentaria”, según sus palabras.

“Se creó como una oportunidad de cambio para las personas que se equivocaron; por eso se otorga una vez en la vida.

“Antes, por cualquier delito se enviaba la gente a prisión. No debería (la conciliación) aplicarse a personas que ya están corrompidas”, consideró el funcionario.

De acuerdo con el criterio del viceministro Láscarez, existe la doctrina “pero no se dijo que no a todo el mundo se le podía otorgar” el beneficio.

“De eso se han aprovechado algunos delincuentes. El problema es que no existe una base de datos donde se pueda conocer a quién se le concede”, dijo.