Entrará en vigencia en mayo del 2008

Nueva Ley intenta erradicar costumbre de no pagar deudas

 Simplifica trámites en los tribunales para hacer más efectivos procesos de cobro

 Tres meses tardarán juicios por incumplir pago de tarjetas de crédito

Eliminar la costumbre de muchos costarricenses de incumplir con el pago de las deudas es el principal objetivo de la nueva Ley de Cobro Judicial, que entrará en vigencia en mayo del 2008.

Uno de los impulsores de la legislación, el juez superior civil Gerardo Parajeles Vindas, aseguró que el objetivo se logrará tramitando de una manera más rápida las gestiones de cobro en los procesos judiciales.

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La idea es bajar, por ejemplo, en una demanda de cobro por no cumplir con el pago de una tarjeta de crédito, que ahora tarda un año en tramitarse, a solo tres meses.

Parajeles negó que se trate de un instrumento jurídico para perjudicar a los deudores. “Es una legislación moderna fundamental en la economía de un país pues garantiza a los inversionistas la recuperación ágil de las deudas”, explicó el juez.

La Ley de Cobro Judicial, que tiene el número 8624, salió publicada el 20 de noviembre en el alcance número 34 del diario oficial La Gaceta y regirá a partir del 20 de mayo del 2008.

Cambios. Actualmente el cobro de las deudas se tramita en cuatro procesos que se denominan “ejecutivos simples, monitorio, prendario e hipotecario. Estos se conocen en los juzgados civiles de mayor cuantía (demandas superiores a los ¢600.000) y de menor cuantía (inferiores a los ¢600.000).

La Ley 8624 elimina esos despachos, así como la distribución por montos, y crea los Juzgados Especializados en Cobro en todos los circuitos judiciales. Es decir, en San José, Goicoechea, Alajuela, Heredia y Cartago.

Gerardo Parajeles, quien también tiene a cargo la implementación de la Ley en el Poder Judicial, explicó que se trata de juzgados donde un grupo de jueces tramita los asuntos en tiempo razonable.

Parajeles agregó que se crea una plataforma única que utilizará los adelantos tecnológicos y tendrá la posibilidad de realizar audiencias orales.

El juez dijo que otra intención de la legislación es crear en el futuro el expediente electrónico (esto es, sin papeles), donde a partir de la demanda todas las resoluciones, ya sean embargos de salarios en las empresas o de propiedades en el Registro Público, se realicen por medio de la red Internet.

Bajar plazos. Gerardo Parajeles señaló que en el caso de cobros de deudas por el no pago de tarjetas de crédito, que en la actualidad tardan más de un año, la idea es bajarlo a tres meses.

Ese tipo de demandas representan el 95% de los asuntos en materia cobratoria. Solo en el primer semestre de este año se recibieron 20.396 casos.

Lo mismo se espera que suceda con los expedientes en que se hipotecó una propiedad o se gravó un vehículo. En esos casos, se remata el bien para recuperar el dinero y así pagar la deuda.

“Con la ley actual los remates se fijan a 3 ó 4 meses plazo y se requiere la presencia física del juez. Con la nueva legislación se autoriza a los auxiliares judiciales para celebrar los remates y, por tanto, esas diligencias se podrían realizar las ocho horas del día, los cinco días de la semana”, explicó.

Asimismo, Gerardo Parajeles dijo que al poner en ejecución la Ley se requiere de la capacitación de los jueces y diseñar salas para efectuar los juicios.

Agregó que también los litigantes deben prepararse “porque no es lo mismo hacer una gestión por escrito en tres días, que hacer una objeción oral en tres minutos”.

20.396

procesos cobratorios ingresaron durante el primer semestre del 2007 a los Juzgados de Menor y Mayor cuantía en todo el territorio nacional.

26.280

casos por demandas menores a los ¢600.000 se calcula recibirán al cierre del año 2007 los Juzgados Civiles de Menor Cuantía de San José.

4.161

expedientes atenderá en materia cobratoria durante el año 2077 solo el Juzgado Cuarto Civil de Menor Cuantía de San José.

2.000

notificaciones tiene pendientes de ejecutar el Juzgado Cuarto de Menor Cuantía. En la diligencia se dura hasta seis meses por las dificultades para localizar a los deudores.