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EDITORIAL

Otro riesgo para el país

Nuestro acceso al mercado de EE. UU. enfrenta un claro riesgo en la OMC
Para consolidar y ampliar los beneficios actuales, debemos ratificar el TLC


Cuando, a mediados de la pasada década, los presidentes centroamericanos solicitaron a su colega de Estados Unidos, Bill Clinton, iniciar negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC), una de sus principales intenciones fue sustituir las concesiones unilaterales concedidas al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) por un acuerdo multilateral que asegurara las preferencias de que ya gozaba una gran cantidad de nuestros productos para ingresar al mercado estadounidense. Además, deseaban ampliar la lista de bienes y servicios beneficiados, y dotar al nuevo esquema de un conjunto de procedimientos balanceados y expeditos para la solución de controversias.

Todo lo anterior se logró con el Tratado. En efecto, el TLC concede acceso sin impuestos a Estados Unidos a prácticamente todo lo que producimos; en cambio, la eliminación de nuestros aranceles para sus productos se dará según un calendario de varios años. Pero, más importante aún, elimina el riesgo de que, sea por decisión del Presidente o del Congreso en Washington, desaparezcan las concesiones de la ICC, lo cual sería desastroso para cualquiera de nuestros países.

En la actualidad, el único que corre tal riesgo es Costa Rica porque el resto de Centroamérica y República Dominicana ya han ratificado el Tratado. Y, aunque sus efectos son difíciles de medir en apenas un año (o menos) de vigencia, sí se ha producido un incremento general de sus exportaciones a Estados Unidos y de las inversiones extranjeras directas, tanto de este país como de otros que desean aprovechar las ventajas de acceso y la seguridad jurídica que ofrece el TLC. Todo esto ha mejorado los ingresos y aumentado el empleo en nuestros vecinos.

Es decir, nadie de buena fe puede negar que la ICC, como programa, puede desaparecer por decisión legislativa, y que el mandatario estadounidense puede tomar la decisión de eliminar a un país de sus preferencias. Es decir, sí hay un riesgo real de que, si no ratificamos el Tratado, podamos perder los beneficios de esa iniciativa. Y, si observamos la rigidez con que el Congreso de Estados Unidos ha manejado el tema con los países andinos (incluido un aliado tan importante como Colombia), la conclusión es que hay un mal ambiente para suponer que estamos a salvo.

Además de lo anterior, en setiembre del próximo año vence una ampliación de la ICC que cobija nuestras exportaciones de textiles, atún y calzado a Estados Unidos, con lo cual es seguro que, si no ratificamos el Tratado, esos productos comenzarían a pagar aranceles y no podrían competir con las exportaciones de los países que ya lo han hecho. Esto podría afectar $400 millones anuales en ventas por parte de empresas nacionales, con un evidente impacto en su capacidad de absorber empleo.

Todo lo anterior es más que suficiente para ratificar el TLC. Sin embargo, ahora ha sido revelado un riesgo adicional, que hace aún más urgente la decisión, y del cual dimos cuenta en nuestra edición del pasado lunes. Como los esquemas del tipo de la ICC, al dar preferencias unilaterales a ciertos países en lugar de otros, distorsionan el comercio internacional, su vigencia requiere la autorización de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La que Estados Unidos tiene actualmente para aplicar la Iniciativa vence, también, en setiembre del próximo año, y basta que un solo miembro de la OMC se queje, para que deba ir a un panel de árbitros, lo cual haría peligrar el esquema. Por algo nuestro embajador ante ese organismo, Rónald Saborío, alertó de “un peligro muy grave”.

Ante una amenaza tan contundente, que se suma a los demás factores comentados, resulta una enorme irresponsabilidad que algunos dirigentes del NO sigan desmintiendo las consecuencias de no entrar al TLC. Si bien tienen todo derecho a estar en contra, no lo tienen a falsear la realidad en un tema que perjudicaría, sobre todo, a nuestros trabajadores. Al contrario, una advertencia tan seria como la del embajador Saborío debería ser tomada muy en cuenta por los ciudadanos en el referendo del 7 de octubre, ya que el tema es de enorme importancia nacional.

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