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Foto Principal: 1706804
El AyA anuncia una renovación del acueducto metropolitano. Eduardo Bolaños y Osvaldo Ramírez trabajaron en la reparación de una fuga de agua, el año pasado, en Calle Blancos, Goicoechea.
Archivo
Mantiene en bancos ¢10.000 millones destinados a mejorar acueductos

Sociedad y Servicios
AyA engaveta dinero de alzas tarifarias

Informe de la Contraloría critica parálisis en inversiones
Instituto alega que dinero proveniente de ajustes está reservado para obras

Esteban Oviedo
eoviedo@nacion.com

Acueductos y Alcantarillados (AyA) guarda en bancos buena parte del dinero obtenido con los últimos incrementos de tarifas cargados sobre los usuarios.

La institución mantiene unos ¢10.000 millones en sus cuentas, pese a que solicitó las alzas con el argumento de que necesitaba invertir en obras urgentes.

Así lo reveló la Contraloría General de la República en un informe que se divulgó ayer.

Según esa investigación, la falta de inversión perjudica los servicios de líquido potable y recolección de aguas negras recibidos por la población.

Además, agregó la Contraloría, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprueba al AyA nuevos incrementos en forma oportuna.

Tal restricción surge porque no es posible subir las tarifas para financiar proyectos reconocidos en ajustes anteriores.

En el 2004, la Aresep concedió al AyA un fuerte aumento de un 36% en promedio, el cual fue complementado con un 6% adicional en el 2005.

Por aquel entonces, una familia media pasó de pagar ¢2.500 a ¢4.200 al mes.

El AyA tiene 500.000 abonados en todo el país y, para este año, tiene aprobado un presupuesto de ¢62.000 millones.

AyA refuta. Héibel Rodríguez, gerente general de Acueductos y Alcantarillados, rechazó ayer la observación de la Contraloría.

Aunque reconoció que la entidad tiene unos ¢10.000 millones en cuentas bancarias, Rodríguez aseveró que esos recursos están comprometidos para pagar proyectos a punto de ejecutarse.

El gerente mencionó, por ejemplo, ¢2.000 millones en la compra de nuevos medidores, ¢800 millones en una nueva perforadora de pozos y ¢3.800 millones en mejoras en el sistema de acueductos.

“La verdad es que todo el dinero está asignado”, aseveró Rodríguez, quien afirmó que del dinero obtenido por las tarifas se invertirá el 100% y un poco más.

El funcionario alegó que el Instituto tuvo retrasos en los procesos de licitación.

Por otro lado, la Contraloría criticó al AyA por no expandir su red de acueductos y alcantarillados en los últimos años.

Sobre esta crítica, Rodríguez reconoció que en los últimos diez años no se ha invertido todo lo que se debía.

Atribuyó esa situación a la falta de recursos y a una prohibición impuesta por el Gobierno entre 1998 y el 2002 para financiar grandes obras con créditos.

El gerente afirmó que ahora se invertirán $230 millones en un alcantarillado nuevo, $110 millones en renovar la red metropolitana de distribución de agua y $10 millones en los sistemas rurales.

Para Rodríguez, este tipo de obras solo se pueden hacer con préstamos pues si se financiaran solo con aumentos tarifarios, los incrementos serían muy grandes.

Otro trabajo importante que se pagará es la elaboración de un plan maestro para identificar las fuentes de agua que abastecerán al país durante los próximos 50 años.

También, la Contraloría criticó al AyA por guardar el dinero generado por los ajustes tarifarios en cuentas corrientes, en lugar de recurrir a mecanismos financieros, como los bonos, que le podrían deparar mayores intereses.

Sobre este punto, el AyA arguyó que las cuentas bancarias ofrecen tasas de interés muy similares a las que hubiese obtenido con el Ministerio de Hacienda en el 2006. Aún así, la Contraloría pidió a la entidad revisar su decisión.

AyA tiene ¢2.700 millones por cobrar

Deudas de usuarios

La Contraloría General de la República llamó la atención del AyA por el hecho de que mantenga ¢2.700 millones en cuentas por cobrar a los usuarios morosos.

Según la Contraloría, la entidad tiene “serias debilidades en cuanto a las gestiones de cobro administrativo, judicial y arreglos de pago”.

La falta de pago por parte de unos usuarios perjudica al resto de los abonados, pues resta recursos que podrían invertirse en mejorar los sistemas de agua y alcantarillado.

El AyA manifestó que realiza esfuerzos por reducir de 10 a tres días el tiempo de corta de servicio a los clientes que caen en morosidad.

Por su parte, Héibel Rodríguez, gerente general de la institución, negó la crítica y dijo que a nivel regional el Instituto tiene indicadores muy positivos en cuentas por cobrar.

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