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EDITORIALOrden en casa Las ganas de hacer bien las cosas en el sector público pueden beneficiar a las personas y producir grandes economíasEl milagro de la reforma integral del Estado, que nunca llegará, debe anticiparse con reformas concretas Si la UCR se encargará, por acuerdo con el Ministerio de Salud, de la evaluación del estado del relleno de Río Azul; si el alcalde de Limón le pide a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que recoja la basura; si el MOPT entregará en solo 15 minutos las licencias para manejar; y si el INS eleva los ingresos en ¢28.300 millones en el primer semestre, es claro que el tema de la gestión pública atraviesa estas noticias. Hemos insistido, en reportajes y comentarios editoriales, sobre la importancia de la buena gestión pública. La preeminencia de este asunto parece una perogrullada o un lugar común. Sin embargo, no ha sido así en la práctica. Este ha sido el pecado capital de no pocas administraciones, por lo que ponernos al día costará mucho tiempo y recursos, liderazgo político y un profundo cambio de mentalidad, así como restauración del principio de autoridad y de responsabilidad. Los grandes problemas acumulados lo ponen de manifiesto. Damos, por ello, la bienvenida a todas aquellas medidas internas o propuestas de solución, avaladas por resultados concretos, encaminadas a este fin: la eficiencia y eficacia del servicio público, esto es, del servicio a las personas, al que tienen derecho. El interés en resaltar estos esfuerzos radica en la necesidad de atacar el peligroso sofisma de que, en esta materia, es preciso elaborar primero reformas integrales para echar a andar. Estos ejercicios teóricos nos han costado tiempo, dinero, improductividad y desconfianza. Recogemos los ejemplos citados. El INS logró estos resultados por cuanto, como lo expresó su presidente ejecutivo, Guillermo Constenla, obedecen a “una política de poner en orden la casa” con énfasis en los gastos. Lamentablemente, esta no ha sido la política de dicha institución en diversas administraciones. Nuestros reportajes lo han verificado y queda pendiente aún, como muestra relevante, el epílogo sobre los reaseguros en México e Inglaterra. En entidades de esta naturaleza, abundantes en recursos y, por tanto, expuestas a todo tipo de tentaciones, estos resultados son ejemplarizantes, como lo fue la iniciativa de la CCSS, según informamos en mayo pasado, de usar el teléfono para estimular a los morosos. El resultado fue ¢56.000 millones. Oportuna ha sido, asimismo, la decisión de la ministra de Salud, María Luisa Ávila, de evaluar el estado del relleno de Río Azul, razón de tantos quebrantos, y de encargar esta tarea a una universidad. Sus declaraciones son una muestra cabal de buen juicio en la gestión pública: “No queremos basarnos en ocurrencias. Tenemos que saber que no se corre un riesgo, y, si es así, tomar las medidas necesarias”. No hace falta aportar pruebas. Las ocurrencias y sus parientes –los disparates y las chambonadas– le han costado al país fortunas sin cuento y una impunidad a los cuatro vientos. En cuanto a la entrega de las licencias en 15 minutos para conducir, de parte del MOPT, en otro edificio, nuevo, decente y ordenado, sea suficiente recordar las escenas de ineficiencia por muchos años, desde el examen médico (sic) hasta la tortura de todo el proceso ulterior, todo al conjuro de los “gavilanes”, amos y señores, desde la calle hasta el interior de las oficinas. Ni siquiera las investigaciones internas surtieron efecto. Los tecnicismos legales impidieron toda mejora. Ahora, una nueva visión y, sobre todo, las ganas de hacer bien las cosas han logrado beneficios tangibles, como los cambios propuestos, en cuanto a las cédulas y a los pasaportes, de parte de Migración. Los buenos ejemplos anteriores encuentran su epílogo en la petición del alcalde de Limón a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en cuanto a que asuma la recolección y tratamiento de la basura. Una tarea típica y clásica que el municipio no puede cumplir precisamente por el ostracismo en que los gobiernos y partidos políticos mantuvieron, por más de 50 años, al régimen municipal. Los datos son significativos. El alcalde Eduardo Barboza declaró que, al tomar el cargo, no había dinero para recoger la basura, hace 14 años se compró el último camión recolector, las tarifas oscilan entre ¢2.000 y ¢3.000 por trimestre, y la empresa WPP Continental tenía que recorrer 200 kilómetros hasta Alajuela para depositar los desechos. El resurgimiento –si alguna vez lo hubo– de la buena gestión municipal constituye uno de los capítulos prioritarios de la reforma del Estado y del desarrollo del país.
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