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Noriega aún debe Víctor Hugo Murillo S. vhmurillo@nacion.com Manuel Antonio Noriega, quien en los 80 se erigió como dictador omnímodo de Panamá, está por cumplir su condena de 40 años (reducida a 17) por narcotráfico impuesta en Estados Unidos. No ha salido de prisión y ya todo apunta a que continuará tras las rejas, ahora en Francia, donde tendrá que descontar 10 años por lavado de dinero. Ayer, un juez federal estadounidense autorizó la extradición. Ya sea que la próxima estadía del antiguo “hombre fuerte” panameño sea en un pabellón penitenciario en el país europeo o en Panamá, también condenado, la presión de la justicia resulta trascendental para evitar que la impunidad haga de las suyas. El rendimiento de cuentas, sea ante autoridades administrativas o judiciales, no es una práctica común en América Latina, lo que explica el arraigo y la cotidianidad de conductas como la corrupción, la violación de los derechos humanos y, en general, el irrespeto a las leyes. En las poquísimas ocasiones en que a alguien de los grupos hegemónicos se le condena, abundan los “recursos” para acortar la pena o darle un tratamiento favorable apelando al ataque de nervios o al dolor de muela que le impide estar en la cárcel. Nicaragua dio el ejemplo al condenar a 20 años, por corrupto, a Arnoldo Alemán, pero el período de reclusión fue efímero y, hoy, el exgobernante tiene todo el país (127.000 kilómetros cuadrados)... ¡como cárcel! Peor aún, Alfredo Stroessner fue derrocado en 1989, pero vivió el resto de sus días (hasta el 2006) en el exilio en Brasil, sin que fuese posible juzgarlo por los múltiples atropellos cometidos en 35 años de dictadura en Paraguay. Pinochet se valió del estado de Derecho, que mancilló a sus anchas durante 17 años, para evitar ir a juicio. Murió en santa impunidad. La lista es mucho más amplia, por supuesto. Así, el hecho excepcional de Noriega arroja un poco de esperanza de que, poco a poco, la impunidad deje de ser considerada una situación “normal”, política y socialmente aceptada y bendecida. El encarcelamiento en Florida y el que le esperaría en Francia podrían enviar un mensaje inequívoco contra un muy malentendido concepto del ejercicio del poder. Y también una lección a potencias que, a lo largo de décadas, han colocado y protegido a dirigentes lacayos.
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