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Política Cónyuges ticos piden ayuda para anular sus vínculos con extranjeros Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com La carrera de las autoridades de migración para prohibir los denominados matrimonios por conveniencia encontró aliados ayer en la Asamblea Legislativa. Evita Arguedas, legisladora del Movimiento Libertario, y el liberacionista Francisco Antonio Pacheco, se comprometieron a impulsar las reformas a los códigos de Familia, Penal y Notarial. Ya el 16 de agosto, el proyecto fue dispensado de trámite y será trasladado a una comisión plena. Junto a los funcionarios de migración y los congresistas, nueve costarricenses que aceptaron casarse con extranjeros a cambio de dinero, clamaron por la aprobación del plan y la anulación de sus uniones simuladas. “Yo tenía a mi mamá muy enferma y necesitaba plata para los medicamentos. Yo me casé en un momento de necesidad”, explicó Flory Hernández, vecina de Pavas, San José. Aparte del problema personal que esa unión significa para los contrayentes, el tema está asociado a problemas de criminalidad y mafia organizada. Según Mario Zamora, director de Migración, los foráneos, muchos asociados con hechos delictivos, contactan notarios que cobran $10.000 por buscarles cónyuges. A su vez, los notarios localizan personas en situación de necesidad, drogadictos o indigentes que se casan por entre ¢5.000 y ¢25.000. Además van a las cárceles y prometen reducción de penas a los reos que firmen las uniones. “Tenemos el caso de drogadictos en Cristo Rey a los que les pagaron con droga”, dijo Zamora. El proyecto también propone suspender por un año a los notarios que realicen las uniones. Para los contrayentes nacionales y extranjeros, así como testigos y promotores de estos matrimonios propone penas de dos a siete años de cárcel.
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