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Foto Principal: 1704319
En esta carta el Royal Bank of Canada negó que Arnoldo Rodríguez tuviera cuenta en ese banco de Gran Caimán. El empresario es investigado.

Expediente criminal de empresario está en blanco


Otto Vargas M.
ovargas@nacion.com

A lo largo de casi 30 años las presentaciones de Arnoldo Rodríguez Beeche ante las autoridades judiciales han sido constantes, pero hasta la fecha su expediente criminal está en blanco.

Las primeras quejas datan de 1978, cuando recibió 11 denuncias por estafas y libramiento de cheques sin fondo.

Entre 1979 y 1982 en su contra se acumularon seis denuncias por estafa e igual cantidad de libramiento de cheques sin fondos. En todas salió airoso.

En 1998 el empresario llegó a un acuerdo para no ir a prisión por estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.

Lo acusó el empresario español Rafael Enrique de Monteys, quien pretendía invertir aquí.

Rodríguez se presentó como vicepresidente del First International Mercantil Bank. Esa entidad, con sede en Montserrat, Islas Vírgenes, cerró sus operaciones en 1991. Monteys aportó $140.000 como garantía por préstamos, dinero que no recuperó.

Tras un arreglo judicial, Rodríguez aceptó laborar durante dos años en el Hospital Nacional de Niños.

A salvo. En 1996 el Juzgado Segundo de Instrucción de San José dictó un sobreseimiento a favor de Rodríguez por la denuncia que por estafa presentó en su contra la Cocoa Trading Company.

Cocoa giró dinero a las compañías Franco Swiss Financial Corporation, First International Mercantile Bank y Transinter Valores como garantía de un préstamo que esperaba obtener mediante Rodríguez. Sin embargo, ninguna de las entidades existía.

Por un error jurídico –la prórroga no se pidió a tiempo– la causa feneció. Otro sobreseimiento fue dictado a su favor en el 2002.

Diez años antes, el empresario brasileño Filintro Azevedo Ribeiro se interesó en un ofrecimiento de capital por parte de Rodríguez. El afectado entregó dinero para comenzar los trámites. En abril de 1993 Rodríguez le indicó que el préstamo no sería posible y le devolvió tres cheques por $50.000 cada uno. La entidad que se supone los haría efectivos no existía. La causa se desestimó al no aportar la Fiscalía pruebas.

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