Primer ministro iraquí Nuri al-Maliki
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BAGDAD (AFP) -
Los principales grupos políticos y religiosos de Irak lograron un difícil acuerdo para favorecer la reconciliación nacional que satisface a Estados Unidos pero que aún debe probar su eficacia para acabar con la violencia que azota el país.
El acuerdo, anunciado poco después de la medianoche del domingo, fue alcanzado por los dirigentes chiitas, sunitas y kurdos y debe ser ahora sometido a la aprobación del Parlamento, que iniciará su nuevo curso el 4 de septiembre.
El primer ministro, el chiita Nuri al Maliki; el presidente, el kurdo Jalal Talabani; los vicepresidentes, el sunita Tarek al Hachemi y el chiita Adel Abdel Mehdi, así como el presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, hicieron una rara aparición conjunta televisiva tras el anuncio de su acuerdo.
Estados Unidos se congratuló inmediatamente por ese esfuerzo de reconciliación política, considerada por Washington como indispensable para el éxito de su ofensiva contra los grupos rebeldes y los extremistas de Al Qaida en Irak.
Además, ese acuerdo favorece al presidente estadounidense, George W. Bush, cada vez más criticado por la falta de una perspectiva de solución para la guerra en Irak.
Dentro de dos semanas, su administración debe presentar un informe ante el Congreso sobre el resultado de la escalada militar puesta en marcha en suelo iraquí por los estadounidenses en enero.
El gobierno iraquí está paralizado desde hace meses por luchas internas entre sus componentes sunitas y chiitas que ya causaron la salida o el boicot de 17 de sus 40 miembros.
La presencia en la reunión del domingo del vicepresidente Hachemi, pilar del grupo político sunita, no es presagio, sin embargo, de una vuelta de ese bloque al ejecutivo, sobre todo en un momento en que desde Estados Unidos y otros países se han multiplicado los llamamientos a una sustitución del primer ministro iraquí.
En este sentido, el canciller francés, Bernard Kouchner, pidió el lunes excusas a al Maliki por haber interferido en los asuntos iraquíes al afirmar en una entrevista al semanario norteamericano Newsweek que debía dimitir.
En cuanto al acuerdo de las partes iraquíes, sus grandes líneas serán discutidas en las próximas semanas pero prevé una disminución --como exigen los sunitas-- de las restricciones contra ex miembros del partido Baas, la antigua fuerza de Saddam Hussein.
En la época del ex dictador, la pertenencia al Baas era obligatoria para los militares, policías y funcionarios si querían hacer carrera. Sin embargo, sólo los cargos superiores del partido tenían poderes de decisión.
La exclusión de todo empleo público para antiguos miembros del Baas fue una de las primeras medidas tomadas por el administrador estadounidense Paul Bremer tras la invasión de Irak, en marzo de 2003, junto a la disolución del ejército iraquí.
Ambas medidas fueron consideradas posteriormente graves errores que hicieron aumentar la rebelión antiestadounidense.
Para remediarlas está prevista la aprobación de una ley de reconciliación, así como la celebración de elecciones regionales en las 18 provincias del país.
Además, el Parlamento debe votar una ley sobre el petróleo, que organice la distribución de los beneficios entre las regiones y enmarque la participación de empresas extranjeras en la explotación del oro negro iraquí.
Esa ley es la principal causa de tensión, pues hay sectores que consideran que con ella, Irak perderá el control de su principal recurso económico.
Por último, cada comunidad, que garantiza su seguridad con respectivas milicias confesionales, deberá ayudar a las fuerzas de seguridad estatales a poner fin a la violencia sectaria.
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