Cárcel de máxima seguridad en El Salvador
(AFP)
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SAN SALVADOR (AFP) -
Las autoridades penitenciarias de El Salvador tratan de "descongestionar" las cárceles con la liberación de más de 1.600 reclusos en un intento de mejorar las condiciones de la población carcelaria, según la Dirección de Centros Penales.
"Estamos haciendo una evaluación de los internos que tienen delitos menos graves, o que ya cumplieron más de la mitad de su condena para determinar la pronta salida", declaró a la AFP el portavoz de la Dirección de Centros Penales, Alberto Uribe.
Según estadísticas oficiales, los 20 centros penales del país, que tienen capacidad para 7.327 reclusos, cuentan con 16.753 personas, lo que supone un hacinamiento de más del 100%.
Del total de la población reclusa, sólo 10.284 recibieron condena, el resto aguarda que sus procesos se ventilen en diferentes tribunales.
Para facilitar la salida de los internos, esta semana el gobierno deberá presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que otorgará la gracia a los que cometieron delitos menores, a los ancianos, enfermos terminales o a los que ya cumplieron la mayor parte de su condena.
De estos estarán excluidos los que hayan cometido violaciones.
"Con el decreto legislativo, más que descongestionar el sistema, lo que se busca es humanizarlo para propiciar la readaptación de los internos", enfatizó Uribe.
La superpoblación carcelaria se explica en parte a la aplicación de la política de "mano dura" que se traduce en constantes redadas en las que la policía atrapa delincuentes y miembros de pandillas.
En el sistema penitenciario salvadoreño, figuran un total de 5.274 pandilleros adultos y en los centros de reclusión de menores están otros 551.
"Para nosotros, la solución al problema carcelario, es ir más allá de sacar internos por un decreto, porque es claro que con el auge de delincuencia más temprano que tarde otros llegarán a ocupar los espacios", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.
La solución "global" al problema de las cárceles, según Montenegro, pasa por un cambio de políticas estatales que salgan al paso de "las precarias condiciones económicas", generadas por la falta de empleo.
"De nada sirve que se construyan nuevos centros penales o emitan decretos para reducir penas y liberar reclusos, sí las condiciones sociales del país no cambian", subrayó Montenegro.
El Salvador afronta una ola de violencia que a diario deja un promedio de 10 homicidios y centenares de asaltos a mano armada.
Los 20 centros penales del país operan con un presupuesto anual de 19,5 millones de dólares y resulta insuficiente para el mantenimiento de los mismos, por lo que iglesias y otras instituciones proporcionan materiales para los talleres de carpintería y de otros oficios que funcionan en los mismos.
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