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EDITORIALUn Estado más productivo Por sus funciones y uso de recursos, el sector público es crucial para el desarrolloUn sistema de compras electrónicas dará mayor productividad al uso de recursos La eficiencia y la productividad del sector público son variables esenciales para el desarrollo de cualquier país, en especial aquellos en que, como Costa Rica, las actividades estatales tienen una gran presencia en varios sectores de la economía y la sociedad. Por ejemplo, según un informe elaborado por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, el Estado costarricense compra anualmente alrededor de $3.687 millones, una cifra equivalente a más del 20% del producto interno bruto (PIB). Se trata, sin duda, de una participación considerable. Pero no solo por su peso económico, sino también por su función política, su papel central en la toma de decisiones, sus responsabilidades reguladoras, sus instituciones de control y sus tareas administrativas, la actividad estatal puede convertirse tanto en palanca para impulsar el progreso, como en obstáculo que entorpezca las iniciativas de otros sectores, o en un succionador de recursos que no redundan en adecuados beneficios. Todos estos factores explican el gran debate que, por décadas, se ha producido en el país en torno a la reforma del Estado. En muchas oportunidades, el debate se ha centrado, exclusivamente, en su tamaño, lo cual, a la postre, ha nublado lo que debe ser el objetivo central: mejorar su productividad; es decir, el rendimiento de los recursos que consume a favor del resto de la sociedad, de modo que cada colón de presupuesto produzca mejores resultados. Un ejemplo de salto en productividad estatal, por ejemplo, ha sido la enorme mejora en la recaudación fiscal, gracias a una buena mezcla de instrumentos legales, decisión política, compromiso y competencia de los jerarcas de hacienda y del resto de su personal, y la mejoría de los sistemas aplicados. En este sentido, la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a las aduanas, mediante el sistema TICA, es el caso que mejor refleja la anterior combinación de factores, y cómo el Estado puede ser un real factor de desarrollo. Ahora, mediante el programa de Gobierno Digital, que coordina el segundo vicepresidente y ministro de Planificación, Kevin Casas, existe la voluntad, además de varias acciones, de impulsar aún más la productividad estatal, gracias a aplicaciones organizativas y tecnológicas, especialmente informáticas. Dentro de estos esfuerzos, existe un ámbito en el cual otros países ya han logrado importantes avances en eficiencia. Se trata de la realización de las compras del Estado en forma electrónica, utilizando plataformas digitales. Este fue el tema de un foro realizado el jueves en San José, en el cual se analizaron varias experiencias latinoamericanas, con una conclusión muy clara: las compras mediante procesos digitales abiertos y participativos permiten ahorrar entre un 10 %y un 15% de los costos. Si el menor de esos porcentajes fuera realidad en Costa Rica, esto implicaría que nuestro sector público podría ahorrar $368 millones, equivalentes a un 2% del PIB. Pero el procedimiento electrónico puede tener otros efectos muy provechosos, como agilizar los trámites, reducir los tiempos de adquisición, aumentar la transparencia y estimular la participación de más oferentes, en especial pequeñas y medianas empresas, que, a menudo, no tienen la capacidad administrativa para cumplir con el “papeleo” actual. Frente a las experiencias de éxito que explicaron delegados de México y Panamá, más la evidencia acumulada en otros países y el reconocimiento de que, en el nuestro, los sistemas de compra son en extremo lentos, complicados y onerosos, ¿por qué no realizar el cambio de inmediato? La razón la dio, con realismo, el vicepresidente Casas: el desafío que tenemos para aplicar estas reformas no es tecnológico, sino político, porque debe pasar por una revisión de la legislación que regula las compras estatales. Por desgracia, debido a un reglamento legislativo disfuncional y la inmadurez de algunas fracciones políticas, los trámites en el Congreso se han convertido en carreras de obstáculos a veces insalvables. Aunque la tarea política de la reforma, en su dimensión legislativa, sea en extremo compleja, hay que emprenderla, y el Gobierno debe realizar una intensa labor de divulgación sobre la importancia del cambio. A la vez, sin embargo, debe analizar qué se puede hacer mediante decisiones administrativas, como sucedió, por ejemplo, con el sistema TICA. Foros como el que acaba de celebrarse, organizado por la Secretaría Técnica del proyecto Gobierno Digital, son pasos indispensables en ese sentido. Ahora debería seguir un detallado “mapeo” de qué se puede hacer en distintos ámbitos, y con qué tipo de decisiones. Se podría, entonces, comenzar a actuar de inmediato allí donde sea posible, y utilizar los éxitos que se produzcan como incentivo para la parte más compleja, que es la reforma legal.
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