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Más allá de la teoría ¿Por qué se debe eliminar el modelo de presidencias ejecutivas?Max Gutiérrez López Profesor de la Escuela de Administración Pública-UCR. Comisión de Proyección Nacional En el marco de los preceptos constitucionales, de la investigación, de la reflexión académica y del espíritu del compromiso social de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica ( La Nación del 8/07/2007), esta Escuela ha aceptado el desafío de actuar más allá de la teoría y los conceptos, tomando un papel activo en el escenario complejo, rígido, de carácter político partidista y de constante beligerancia sin decisiones en la práctica de la administración pública. Desde la vigencia del modelo de la Segunda República –Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 –, nace el sector público descentralizado funcionalmente, denominado, “Las Instituciones Autónomas”. Los constituyentes elevan, así, a rango constitucional, un mandato que promulga la creación de mecanismos emprendedores para la producción de bienes y servicios, dentro del conjunto de las políticas de Estado. Esta decisión formula con determinación el requerimiento del desarrollo dentro de estrategias de largo plazo al encomendarle al Estado, construir la plataforma de infraestructura de servicios básica, para promover así el crecimiento social y al de la incipiente empresa privada. Sin duda, la mejor forma de hacerlo, fue creando un brazo ejecutivo autónomo de naturaleza emprendedora, con carácter innovador, con la capacidad técnica suficiente para la producción de esos bienes y servicios básicos. El Estado emprendedor, representado por la acción de las instituciones autónomas que se crearon, logró en los primeros veinticinco años (1949-1974) realizar las inversiones necesarias en infraestructura, creando las condiciones que requería la sociedad. De tal forma que la iniciativa privada, en conjunto con el Estado mismo, gestó el crecimiento social y económico del país. Ambos, sectores conformaron la “yunta que dio el tirón” para lograr en esos veinticinco años, los indicadores de desarrollo socioeconómicos que Costa Rica disfruta; herencia que hoy estamos malgastando. Control partidista. Las instituciones autónomas en el período 1949-1974, con visión emprendedora de largo plazo, generaron una vigorosa dinámica y produjeron bienes y servicios en diversos campos como la electrificación, las telecomunicaciones, la salud, el agua potable, el alcantarillado sanitario, la vivienda, la distribución de la tierra, la banca de desarrollo, los puertos, la compensación de precios, la educación técnica, el cooperativismo, entre otras actividades estratégicas para superar las profundas necesidades que en materia de desarrollo padecía el país. Los sistemas gerenciales tenían claro la esencia técnica que las particularizaba, con identidad total en el compromiso del logro de lo sustantivo. La visión de desarrollo y bienestar general estaban por encima de las valoraciones partidistas y clientelares, proveyendo de un significado real a los conceptos de eficiencia y efectividad en la gestión pública: universalidad, equidad, subsidiariedad en la prestación de bienes y servicios para la sociedad en general, como prioridad y fin último en la razón de existencia de estos entes. En 1974, como producto del bipartidismo, se genera un acuerdo que busca el control político partidista desde el Gobierno Central sobre las instituciones autónomas. El modelo de presidencias ejecutivas entra en acción. Con la promulgación y ejecución de la Ley Nº 5507, se inicia el proceso sostenido de extinción de la autonomía administrativa de las instituciones autónomas, desaparece la visión a largo plazo inherente a este modelo. Éstas, se convierten paulatinamente en un nuevo espacio para el protagonismo de los partidos políticos. Los planes, programas y proyectos, así como los criterios técnicos y principios articuladores del Estado solidario fueron desplazados, para dar campo a intereses y compromisos de naturaleza partidista y clientelar. El largo plazo en la estrategia de desarrollo se vuelve ilusorio. El período nominal del hacer no tiene un horizonte más allá de cuatro años, período máximo del presidente ejecutivo (regularmente es menor) . El rol del gerente general como responsable superior de la conducción de la institución autónoma especializada desaparece, aunque el puesto de gerente, el salario y la persona se mantienen. Para efectos prácticos –aunque no legales– con la vigencia de la Ley 5507, estas dejan de ser autónomas y descentralizadas, pierden su identidad, la misión -visión que les fue encomendada y la gestión se desvirtúa, privando en toda la estructura funcional de las instituciones un clientelismo partidario y electoral que propicia el caos e ingobernabilidad. El modelo de presidencias ejecutivas –entre otros modelos–, es uno de los responsables del profundo deterioro que han sufrido las instituciones autónomas a partir del año 1974. Un motor de desarrollo. En el presente, con las tendencias claras del entorno nacional e internacional, la necesidad de transformar al sector descentralizado en un motor de desarrollo –como lo fue en el pasado– es un imperativo social de alta prioridad. Los esfuerzos de los gobiernos con iniciativas de modernización y transformación no sólo han sido infructuosos, sino que, el desmejoramiento continuo de las “autónomas” ha sido dramático, a tal grado que, en estos años de la presente década, la Contraloría General de la República ha recomendado el cierre de instituciones autónomas, por otro lado, monumentales hechos de corrupción en el nivel de dirección política de las mismas, dejan los más claros testimonios del desacierto del modelo político creado por la Ley 5507. Ante esta realidad, rescatar la autonomía de las “instituciones autónomas” y sus capacidades institucionales de gestión, fomentando las competencias emprendedoras e innovadoras de sus cuadros administrativos, es un cambio prometedor para la transformación. Con la eliminación de las presidencias ejecutivas se suprimiría la visión cortoplacista y partidaria clientelar de las “Instituciones Autónomas”. Se estaría rescatando la función gerencial, el rol del Estado emprendedor y, por su misma esencia, también se rescataría el carácter técnico-social que particulariza la gestión de las “autónomas”. Ejecutar decisiones políticas puntuales como estas, desencadenaría procesos de flexibilización importantes en la práctica de la administración pública llevándonos a acciones de verdadera transformación de un sector público estático y deteriorado, sin provocar incertidumbre y sin producir el drama que traen las medidas de naturaleza privatizadora. El sector descentralizado funcionalmente está obligado a evolucionar hacia una actividad emprendedora, pues esa es la esencia espiritual que se le dio vida en la Constituyente de 1949. Algunos de los argumentos que se consideran contundentes y suficientes están recogidos en el Proyecto de Ley Nº 15.488 preparado por la Escuela de Administración Pública, publicado en el alcance Nº 65 de La Gaceta Nº 247 del 23 de diciembre del 2003 que propone la eliminación de la Ley Nº 5507, y se deroga así el modelo de presidencias ejecutivas.
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