Pisco devastada por terremoto
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LIMA (AFP) -
El terremoto del 15 de agosto en Perú, que dejó más de 500 muertos y 180.000 damnificados, desnudó las limitaciones del Estado para auxiliar a la población en una situación de emergencia, en un país cuya economía es una de las más estables de América del Sur, estimaron analistas.
La lentitud con la que el gobierno de Alan García reaccionó ante el colapso de las telecomunicaciones, la carencia de un plan alternativo en casos de urgencia y los problemas para distribuir la ayuda humanitaria, se convirtieron en una crítica común.
La desorganización estatal en los primeros momentos del sismo llamó la atención porque la zona del desastre se localiza entre 180 y 300 km al sur de Lima, con acceso por aire, mar e incluso tierra, pese a que la carretera quedó dañada pero no bloqueada.
"El desastre reforzó la percepción de que el Estado peruano es ineficaz al grado de ser un obstáculo serísimo en cualquier emergencia. Sobre todo por el freno que significan los sistemas de control del gasto y sus implicancias judiciales", señaló el columnista Mirko Lauer en el diario La República (centroizquierda).
"La pobre operatividad del Estado puede ser resuelta en el corto o mediano plazo mediante reformas, realizadas desde el Estado mismo", añadió Lauer, que reclamó una reforma.
"La principal lección (del sismo) es que lo que ha colapsado en el Perú desde hace años es el Estado", indicó el columnista liberal Juan Carlos Tafur, en el diario Expreso.
"Millones de dólares a disposición, cada vez mejor infraestructura, tecnología de punta en casi todos los sectores productivos. Y nada de eso ha servido un ápice para una operación de distribución de ayuda rápida a una población ubicada, para colmo, al alcance de la civilización urbana de Lima", denunció Tafur.
La percepción popular es que el sismo impactará negativamente en la economía porque asocia desastre con retroceso, pero las estimaciones de crecimiento del gobierno se mantienen por encima del 7% del PIB para 2007.
El impacto en la economía hará recular las previsiones anuales del PIB de 7,5% a 7,2%, según analistas. Y el gobierno desembolsará al menos 220 millones de dólares en gastos de reconstrucción de la zona afectada del centro sur de Perú, según el ministro de Economía Luis Carranza.
"Hay que declarar en emergencia el Estado. Crear un comité de reconstrucción. Destinar todos los recursos necesarios para reformarlo radical y rápidamente. Es el principal enemigo de la defensa civil", subrayó Tafur.
El presidente Alan García defendió el fin de semana la respuesta del Estado minimizando las críticas con un optimismo al tope, indicando que la población ya recibía la ayuda en Pisco, devastada en un 80% por el sismo de 7,7 grados Richter.
La respuesta de las autoridades ha sido instar a las empresas privadas a colaborar en las tareas de ayuda humanitaria y en destacar la solidaridad de la sociedad civil que se movilizó masivamente, como nunca en su reciente historia.
El Grupo económico-financiero español BBVA, con inversiones en Perú, señaló en un reporte difundido en Nueva York, citado por la agencia estatal Andina, que la solidez financiera del país le permitirá aumentar su gasto público y conseguir un financiamiento en términos favorables para la reconstrucción de las ciudades destruidas por el sismo.
La economía peruana registra desde hace cinco años tasas de crecimiento por encima del 5% y 7%, en un país marcado por fuertes desigualdades sociales con un nivel de pobreza cercano al 50%.
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