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Resolución tras recurso de amparoPolítica Ana Lupita Mora lumora@nacion.com La Sala IV le dio un año de plazo al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que emita cédulas de identidad especiales para las personas no videntes. En el fallo de la Sala, emitido el martes, los magistrados le exigen al presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, que en el término improrrogable de un año –a partir de que sea notificado–, el ente electoral deberá facilitar un documento a este sector de la población, con las características especiales acordes con sus necesidades. El Presidente del TSE manifestó que desconocía el fallo de la Sala Constitucional, pero aseguró que en cuanto reciba la notificación, la entidad tomará las medidas para cumplir con este mandato judicial. Cuantificar, un problema. Héctor Fernández, coordinador de programas electorales del Tribunal, expresó que la institución ya ha venido trabajando en el tema. Fernández informó de que la Dirección General del Registro Civil, bajo la coordinación de Ana Hazel Villar, ha venido planteando diferentes opciones para resolver el problema que enfrentan a diario las personas ciegas con su documento de identidad. Sin embargo, explicó que tendrán que llamar a una licitación especial pues las empresas interesadas deberán ofrecer tarjetas que incorporen elementos en braille o, dispositivos especiales para que estas personas no tengan problemas con el documento de identidad. Fernández aclaró que uno de los mayores problemas que enfrenta el TSE es que desconoce la cantidad de ciudadanos que presentan este tipo de discapacidad. Aseguró que han tratado de cuantificarlos a través del Instituto Hellen Keller y del Patronato Nacional de Ciegos, pero aún no lo han logrado. Alberto Cabezas, uno de los proponentes de este recurso de amparo, expresó que la población no vidente enfrenta diariamente una serie de obstáculos cuando les solicitan la cédula para algún tipo de trámite, pues la confunden con otros documentos que también se ven obligados a portar. Aseveró que este es otro logro que “viene a hacer justicia” con este grupo de ciudadanos. Quienes presentaron el recurso, aseguran que una cédula especial respondería al derecho de no discriminación, consagrado en la Constitución Política y cumpliría a cabalidad lo que consagra la ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades a Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso en 1996.
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