Lula tiene a varios colaboradores acusados
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BRASILIA (AFP) -
Las condenas de los 40 acusados en el que muchos denominan 'juicio del siglo', el megaescándalo de compra de votos en el Congreso brasileño, podrían sumar 1.100 años si se aceptan los cargos contra todos, aunque el veredicto final puede llevar años, según la prensa.
La revista semanal IstoÉ subrayó que el proceso iniciado por el caso del llamado 'Mensalao' (Sueldón) a 40 figuras políticas y empresarios, incluidos ex ministros y legisladores, puede acabar en nada: "el veredicto final llevará años y nadie garantiza que los culpados serán castigados".
El semanario remarcó que si al final del juicio la mayoría de los diez ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) pide la condena de los 40 acusados "las penas conjuntas llegan a 1.100 años de prisión y Brasil estará ingresando en una era inédita".
"Por primera vez en la historia de este país, políticos y otras altas autoridades pueden pagar, con pena de prisión, por excesos cometidos mientras estaban en el auge del poder. Además de eso, el juicio del siglo promete revivir viejas querellas entre gobierno y oposición", opinó IstoÉ.
La denuncia del procurador general de la República, Antonio Fernando de Souza, pide condenas por crímenes que van de 'peculado' y 'corrupción activa' hasta 'evasión de divisas' o 'lavado de dinero'.
El STF aceptó el viernes la inculpación de dos ex ministros, dos diputados y dos ex diputados del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, entre 19 incriminados en el escándalo.
Este lunes continuará el análisis de denuncias contra otras 21 personas, entre ellas el ex ministro jefe de gabinete José Dirceu, considerado como el jefe de una "organización criminal" incrustada en el aparato del Estado.
A nivel empresarial fueron inculpados el publicista Marcos Valerio -presunto articulador de un esquema para desviar dinero público destinado a comprar apoyo político- y la dirigencia del Banco Rural, de donde salió buena parte de ese dinero.
Los dos ex ministros inculpados son Luiz Gushiken (Comunicación), del PT y allegado a Lula, acusado de peculado, y Anderson Adauto (Transportes), del Partido Liberal (derecha) al que pertenecía en el momento de los hechos (2003- 2004) el vicepresidente José Alencar, por lavado de dinero.
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