Fotos con desaparecidos en Chile durante dictadura militar
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SANTIAGO (AFP) -
La iniciativa del gobierno chileno de crear una comisión que revise nuevos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en la pasada dictadura militar, no considerados hasta ahora, reactiva la agenda de la presidenta socialista Michelle Bachelet en el área de los derechos humanos.
El gobierno anunció el jueves la creación de una nueva comisión que retomará el trabajo de dos instancias anteriores, las llamadas comisión Rettig y Valech, que en 1991 y 2004 entregaron sendos informes sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El objetivo de la nueva comisión, que estará integrada por seis personas, será reevaluar los casos de prisión política, torturas, desapariciones y ejecuciones que quedaron fuera de los registros que establecieron las comisiones anteriores.
La iniciativa fue aplaudida por familiares de las víctimas del régimen militar.
"Sin duda la valoramos. Y no sólo eso, porque nosotros fuimos persistentes solicitantes de la creación de esta comisión", declaró a la AFP Gonzalo Muñoz, secretario ejecutivo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Ha sido una demanda histórica de nuestra agrupación, porque comprobamos que quedaron muchos casos sin denunciar, por temor o pudor", añadió.
El dirigente, no obstante, declinó precisar a cuántos casos se refería.
La nueva comisión, que entregaría sus resultados a mediados de 2009, es una iniciativa al amparo del proyecto para la creación de un Instituto de Derechos Humanos, que actualmente es discutido en el Congreso.
"Todo lo que signifique buscar la reconciliación y la paz es muy bueno", destacó por su parte el sacerdote Sergio Valech, que presidió la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que tomó su nombre.
Esa comisión, que recibió 35.000 denuncias, estableció que 28.000 personas sufrieron torturas durante la dictadura y desestimó 7.000 testimonios por considerar que no estaban suficientemente acreditados.
Grupos vinculados a los derechos humanos no obstante aseguran que hay muchos más casos de personas que, por temor o desinterés, no se acercaron a entregar sus testimonios.
La comisión Rettig, por su parte, estableció que el régimen dejó 2.298 asesinatos certificados. Ese comité no logró confirmar otros 957 casos mortales, pero su continuadora legal, la Comisión de Reparación y Justicia (2002), agregó más tarde una nueva lista oficial de 899 crímenes, que elevó el total a 3.197.
La iniciativa también cosechó críticas de la oposición derechista que apoyó al gobierno militar.
"No podemos estar permanentemente reabriendo instancias para evaluar hechos acontecidos hace 30 años", criticó el senador derechista Jovino Novoa.
La creación de la comisión está enmarcada en la reactivación del enfoque pro derechos humanos del gobierno de Bachelet, ella misma víctima de la dictadura militar y exiliada.
Junto a su madre Ángela Jeria estuvo detenida en la escalofriante cárcel secreta de Villa Grimaldi, en 1975, pero nunca ha ahondado públicamente sobre su experiencia.
Su padre, el general del aire Alberto Bachelet, murió en prisión víctima de la tortura, acusado de traición por haber sido funcionario del gobierno del presidente socialista Salvador Allende, derrocado por Pinochet.
El gobierno de Bachelet también aspira a que Chile acceda a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2008-2012.
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