Presidente de Bolivia Evo Morales
(AFP)
|
LA PAZ (AFP) -
Seis regiones bolivianas, lideradas por organizaciones cívico-empresariales de oposición, aumentaron su presión contra el presidente Evo Morales -al que culpan por los conflictos en el Congreso y la Constituyente- y lo sumieron en una de las peores crisis de sus 19 meses de gobierno.
Los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca anunciaron, en reuniones por separado, una huelga de 24 horas para el próximo martes para protestar por la actuación del gobierno en temas como la Asamblea Constituyente y en el caso de unos magistrados del Tribunal Constitucional.
Los líderes civiles de Beni definirán en las próximas horas si también llaman a la huelga, mientras que los de Cochabamba aún evalúan qué medidas de protesta van a asumir.
Sólo las organizaciones civiles de La Paz, Oruro y Potosí, bastiones políticos del presidente Evo Morales, se mantienen distantes de las movilizaciones de sus homólogos.
Los dirigentes civiles protestarán en apoyo a Chuquisaca, que reclama para su capital, Sucre, la recuperación de las sedes del poder Ejecutivo y Legislativo, cedidos en favor de La Paz tras una guerra civil en el Siglo XIX.
Asimismo rechazan el juicio de responsabilidades aprobado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, acusados por Morales de prevaricato.
El poderoso Comité de Santa Cruz anunció además que presentará una denuncia formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) "por las violaciones del Movimiento Al Socialismo a la Carta Democrática Interamericana".
El gobierno de Morales, atosigado por la fuerte presión regional, acusó a los comités cívicos de utilizar la demanda de Sucre por la capitalidad plena para, a partir de ello, generar un conflicto de orden político.
"En este caso lo que se busca es confrontar entre departamentos a través de los comités cívicos (...) que están generando un movimiento de un carácter abiertamente político que busca desestabilizar este proceso de cambios", afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.
La capital Sucre se ha convertido hasta ahora en el principal foco de conflicto, donde más de 300 personas cumplen una huelga exigiendo a la Asamblea Constituyente, instalada en esa ciudad, recuperar la sede de gobierno, algo a lo que Morales se opone.
La directiva del foro deliberativo ha suspendido de manera indefinida las sesiones ante el temor de que los delegados de las regiones sufran agresiones callejeras de vecinos violentos, según afirmó su presidenta y dirigenta del gubernamental MAS, Silvia Lazarte.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se desplazó a Sucre, 740 km al sudeste de La Paz, para mediar entre los líderes civiles y las autoridades de la Asamblea Constituyente, un foro que tras un año de trabajo no aprobó ni un sólo artículo de una nueva Carta Magna por divergencias ideológicas internas.
Finalmente en el Congreso aún persiste el clima de irreductibles posiciones entre el oficialismo y la oposición, tras la decisión del MAS -mayoritario en la Cámara de Diputados- de enjuiciar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
La apertura de proceso provocó el miércoles en el Congreso una pelea campal -a puñetazos y patadas entre legisladores opositores y oficialistas- y ha frenado, hasta ahora, el reinicio de actividades.
El presidente del Senado y dirigente de la opositora Unidad Nacional (centroderecha), José Villavicencio, dijo que "los ánimos no están adecuados, ni siquiera espiritual o materialmente, para poder llevar adelante una sesión de Congreso sin que se generen enfrentamientos".
Frente al enrarecido clima social y político en Bolivia, el secretario General de la Conferencia Episcopal católica, monseñor Jesús Juárez, convocó a todos los bolivianos "a no promover el odio y la venganza".
| 
