Presidente ecuatoriano Rafael Correa con la campeona panamericana de halterofilia
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QUITO (AFP) -
El Congreso ecuatoriano parece dispuesto a impedir un enjuiciamiento penal del presidente Rafael Correa, previendo un alto costo político en medio de la campaña para elegir la Asamblea Constituyente que definirá su eventual disolución.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema pidió el jueves el aval del Congreso unicameral para procesar a Correa, tras admitir la demanda por injurias presentada por el ex asesor Quinto Pazmiño.
El Legislativo -cuya disolución es alentada por el mandatario- deberá someter a votación la solicitud. No obstante su férrea oposición, la mayoría de fuerzas políticas se mostraron reacias a cobrar revancha autorizando un proceso penal que podría llevar a la cárcel a Correa.
"Soy contradictor del presidente. En este proceso de cambio ha sido un autoritario, pero eso no implica que tengamos, a través de un ciudadano de las condiciones morales de (Quinto) Pazmiño, (que) bajar al presidente", dijo el vicepresidente del Parlamento, Byron Pacheco.
Pazmiño demandó en julio a Correa por llamarlo "canalla, ladrón y desequilibrado mental" luego de haber revelado un video que salpicó al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, en un escándalo que terminó con la censura del funcionario en el Parlamento.
Desde los adversarios más recalcitrantes hasta los aliados del gobierno se apartaron del posible juicio argumentando la inestabilidad política que encerraría un procesamiento penal contra Correa, quien también enfrenta dos querellas por atentado contra la seguridad del Estado.
"La percepción de la ciudadanía sería que se trata de una retaliación, mientras que en la opinión internacional se deterioraría la imagen del Ecuador", sostuvo Diego Ordóñez, jefe del bloque de la Unión Demócrata Cristiana.
Asimismo, la Izquierda Democrática (ID, oposición moderada) se mostró en contra de un enjuiciamiento de Correa aduciendo graves repercusiones en el país más inestable de la región con ocho mandatarios en una década.
"Si se aprueba ese pedido el mensaje que daría Ecuador a la comunidad internacional sería absolutamente negativo, porque además de los inconvenientes políticos tendríamos un presidente enjuiciado. Eso no es adecuado, debemos pensar en la estabilidad", afirmó la legisladora Vilma Andrade, de ID.
A la par con la posible turbulencia política, el Congreso teme un desgaste previo a la votación del 30 de septiembre, cuando serán elegidos los 130 asambleístas que redactarán una nueva Constitución.
Correa, molesto por lo que llama negligencia y corrupción legislativa, ha anticipado que pedirá la disolución del Congreso a la Asamblea de plenos poderes, a la que según él también someterá su cargo.
El Parlamento (que requiere 67 de los 100 sufragios para aprobar el enjuiciamiento) no tiene un plazo para estudiar el pedido de la Corte Suprema, pero de acuerdo con su presidente, Jorge Cevallos, el tema será tramitado antes de la elección de la Constituyente.
"No actuaremos con revanchismos políticos, ni con actitudes viscerales o posiciones politiqueras, sino que lo hará en función de derecho", señaló el legislador.
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